El coronavirus ha paralizado completamente la actividad en el Congreso y nadie se atreve a precisar cuándo se reanudará. Marzo está perdido y abril lleva el mismo camino, así que entre los grupos se plantea ya la siguiente pregunta: ¿Se habilitarán los meses de julio y agosto?
Ninguna de las fuentes parlamentarias consultadas por Efe, diputados de cinco grupos diferentes, se atreve a pronosticar una fecha (ni siquiera aproximada) de regreso de la rutina al Congreso; tampoco a aventurar si la congelación actual de los trámites tendrá como consecuencia un verano a pleno rendimiento.
Pero todos reconocen que habrá que alterar el calendario para recuperar cuanto antes el parón de la Cámara, que se prevé largo. La pandemia del coronavirus sigue creciendo en España a tenor de las cifras de contagio.
Según algunas fuentes, hay que contar con julio en la agenda, "eso seguro", matiza una diputada. Agosto es otro cantar, pero ninguno de los consultados lo descarta.
"Trabajaremos a fondo sea cual sea el mes del año; esta crisis sanitaria excepcional implica sacrificios excepcionales", comenta una fuente de un grupo nacionalista.
El reglamento tasa los periodos de sesiones ordinarios: de febrero a junio, por un lado, y de septiembre a diciembre, por otro. Lo que se salga de estos periodos se considera actividad extraordinaria.
Siempre según el reglamento, convocar plenos extraordinarios durante las semanas de julio, agosto o enero necesita la propuesta previa del Gobierno, de la Diputación Permanente -el órgano que gobierna la Cámara en periodos inhábiles- o de la mayoría absoluta de los parlamentarios.
En cada caso, puntualiza una fuente, el solicitante deberá precisar cuántos plenos quiere y qué puntos debatir y votar en cada uno de ellos.
Pedir en estos momentos una agenda parlamentaria extraordinaria para el mes de julio resulta inconcebible, pero podría plantearse una vez se retome la actividad en el Congreso y haya que dar salida a las iniciativas registradas tanto para su debate en pleno como para su trámite en comisión.
Unas 55 proposiciones de ley de los grupos quedaron desde el jueves guardadas en un cajón, pues la Mesa ha avalado una propuesta de la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, para suspender también los plazos de los trámites que deben seguir las iniciativas registradas.
El PP y Vox, tres representantes en una Mesa de nueve, votaron en contra al interpretar que con ello se cercenaba la labor de control al Gobierno, que ambas formaciones consideran una función indispensable habida cuenta del agravamiento de la crisis del coronavirus.
También se acumularán siete proyectos de ley del Gobierno, y numerosas proposiciones no de ley y muchísimas preguntas para respuesta escrita... También las propuestas legislativas de las comunidades autónomas o las iniciativas populares.
Todo queda en el aire después de un año 2019 de bloqueo en el ritmo legislativo del Congreso, pues sólo salieron adelante decretos leyes del Ejecutivo.
El grupo socialista comenzó la legislatura, especialmente después de la investidura, con una estrategia parlamentaria ambiciosa, muy orientada a los temas sociales. No en balde, la primera proposición que llevó al pleno fue la regulación de la eutanasia, que se tomó en consideración.
Además, hace poco, el Gobierno precisó que tiene en mente el traslado al Congreso de unos noventa proyectos de ley.
El coronavius ha dado al traste con la planificación socialista, como seguramente con la idea de presentar en el Congreso los presupuestos generales antes del final del verano.
En el PSOE, según sus fuentes, y tras ver cómo marzo, que iba a ser un mes fundamental para sus intereses, se ha perdido totalmente, prefieren ser prudentes. En el PP también, aunque su dirección parlamentaria, encabezada por Cayetana Álvarez de Toledo, lo que quiere es controlar ahora al Gobierno.
Los grupos nacionalistas e independentistas coinciden en que aún es pronto para concretar cambios en el calendario. "La incertidumbre nos impide hacer una proyección", asume un diputado.
Ahora bien, cuando se les pregunta por la posibilidad de extender la actividad del Congreso al mes de julio completo, las fuentes consultadas prácticamente lo dan por hecho.
El coronavirus va a paralizar el país durante semanas y el estado de alarma es probable que se prorrogue si el Gobierno se lo solicita al Congreso. El pleno convocado para el 25 de marzo contempla dicha opción.
Será esencial la velocidad de la recuperación para la economía y la protección social, pero también para actualizar la agenda legislativa. Había prisa en el Gobierno y en el PSOE a comienzos de año y lo más seguro es que la haya otra vez cuando esta distopía pase.
