Andalucía es la región española que ha recibido más fondos destinados a políticas activas de empleo entre 2016 y 2018 pero, sin embargo, es la que menos presupuesto ha ejecutado. Así se desprende de una respuesta del pasado 10 de marzo a pregunta parlamentaria formulada por la senadora por designación autonómica del PP Teresa Ruiz-Sillero.
De acuerdo a los datos contenidos en el documento, consultado por este medio, la comunidad percibió 1.086 millones de euros, casi el 20% del total distribuido por el Gobierno de España, algo más de 5.760 millones en esos tres ejercicios. Sin embargo, la Junta, con Susana Díaz como presidenta, solo justificó el 40,5%, de modo que se quedaron sin gastar seis de cada diez euros obtenidos.
Estas cifras contrastan con las registradas, en el extremo contrario, por Aragón, con un 98,6% de los fondos ejecutados, Cantabria (98,7%), Canarias (98,1%), Castilla-La Mancha (97,8%), Cataluña (97,5%), Madrid (95,1%), Murcia (94,9%), Navarra (94,2%) o Extremadura (93,3%). La región con peores cifras detrás de Andalucía es La Rioja. Con todo, invirtió la mitad del presupuesto disponible para las políticas activas de empleo en el periodo de referencia.
El Ministerio de Trabajo, a través de la Secretaría de Estado de Empleo, coordina estas políticas dentro de los acuerdos adoptados en conferencia sectorial con las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias. En concreto se gestionan desde el Sistema Nacional de Empleo (SNE) formado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), encargado de fijar los criterios de reparto, y los servicios públicos de empleo autonómicos. Incluyen la intermediación y colocación en el mercado de trabajo, el fomento del empleo, la protección por desempleo, la formación profesional para el empleo en el ámbito laboral y el desarrollo de dicha ordenación.
En empleo, con partidas destinadas a la orientación profesional, emprendimiento, agencias de colocación o servicios para los parados de larga duración, Andalucía recibió casi 500 millones de euros, pero solo justificó 293, el 56,2% del total, siendo una vez más la comunidad con peores números, seguida por Canarias, con el 61,6%.
Para formación, epígrafe que incluye iniciativas de formación profesional para trabajadores desempleados y trabajadores ocupados o para acciones de la red pública de los centros de formación, entre otros conceptos, los anteriores gobiernos socialistas solo fueron capaces de gastar el 25%, 590 millones de los 1.463 disponibles. En este sentido, cabe recordar que el nuevo Gobierno autonómico, con Juanma Moreno (PP) y Juan Marín (Ciudadanos) al frente, anunció en diciembre pasado la reactivación de los cursos de formación para el empleo cambiando el sistema de subvenciones por el de licitación este año, con una oferta de 80 millones de euros en esta partida.
Las irregularidades detectadas en los cursos de formación para el empleo desde 2012 prácticamente los paralizaron. Se estima que desde entonces y hasta 2018, Andalucía ha perdido 1.013 millones en recursos del Estado destinados a este cometido.
Según la respuesta a Ruiz-Sillero, en solo tres años, se dejaron de ejecutar más de la mitad, unos 646 millones. En el conjunto nacional, entre 2016 y 2018 se movilizaron 5.760 millones de euros, de los que las comunidades han justificado 4.713, casi el 82%. En empleo, se han invertido 2.275 millones de los 2.640 disponibles, el 86,2%, mientras que en formación, de los 3.102 millones de euros repartidos entre los gobiernos autonómicos, se han gastado 2.438, el 78,6%.
