La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, compareció ayer, a petición del PP, en la Comisión Permanente para las Políticas de Discapacidad del Congreso, en la que expuso durante casi tres horas las líneas básicas de su cartera, acompañada de altos cargos de su cartera.
Durante su intervención, la ministra anunció la aprobación en 2009 de un reglamento para determinar las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de los discapacitados –alrededor de un millón y medio en España– para participar en la vida política y en los procesos electorales.
El texto regulará tanto los espacios públicos donde se celebren los procesos electorales como las campañas de comunicación oficiales y de partidos, así como los apoyos complementarios para las personas discapacitadas que hayan sido designados miembros de mesa electoral.
Entre otros recursos y técnicas posibles, Jiménez mencionó la asistencia personal y la presencia de intérpretes de signos españoles.
Al respecto, el presidente el Comité Español de Representantes de Minusválidos, Luis Cayo Pérez, que asistió a la Comisión, apuntó a los problemas que afrontan estas personas en las citas electorales, no exclusivamente referidas a las barreras arquitectónicas.
Por ejemplo, en los últimos comicios europeos algunas Juntas Electorales Provinciales eximieron a una personas sorda o ciega de integrar una mesa electoral, en vez de promover medios de apoyo, explicó Pérez, quien definió de “amplio y ambicioso” el plan de actuación trazado por la ministra de Política Social en el ámbito de la discapacidad.
Durante su intervención, la ministra aludió también a los problemas de accesibilidad de la Televisión Digital Terrestre (TDT) para las personas con discapacidad, por lo que el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación ha desarrollado un software libre y gratuito que se entregará a las empresas para que fabriquen sistemas accesibles.
Se prevé que a finales de año el producto esté en el mercado.
En la Comisión, el portavoz del PP, Francisco Baño, ha acusado al Gobierno de reducir la financiación dedicada a política social en los Presupuestos Generales de 2009, ya que –dijo– si se restan las partidas para las prestaciones del paro y la partida adicional para la ley de Dependencia, el presupuesto dedicado a este capítulo ha bajado un siete por ciento en lugar de aumentar un 3,9%.
