La Guardia Civil ha detenido a 16 personas, doce de ellas en la provincia de Sevilla, de dos organizaciones criminales, una presuntamente dedicada a introducir hachís a través de Almería y otra a proporcionar vehículos a grupos de narcotraficantes.
Según ha informado en una nota la Guardia Civil, la organización de narcotraficantes estaba conformada por personas residentes en Sevilla que trabajaban en las costas de Almería y a las que la Guardia Civil les ha incautado 3.500 kilogramos de hachís.
Por otro lado, en Toledo residían los integrantes de la organización que proporcionaba vehículos a diferentes narcotraficantes, cambiando fraudulentamente la titularidad de estos.
La Guardia Civil ha señalado que 12 de los detenidos pertenecen al primer grupo, que utilizaba embarcaciones semirrígidas para introducir el hachís, así como vehículos que les facilitaban los otro cuatro arrestados.
Han señalado que la operación, denominada Agaporni, se inició el pasado febrero después de que el Centro de Coordinación de Vigilancia Marítima del instituto armado avistase una de estas embarcaciones de alta velocidad cargada de hachís por la costa de Cartagena (Murcia) en dirección al levante almeriense.
De esta forma, la Comandancia de Almería, junto al Órgano de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico (OCON Sur), coordinó un dispositivo formado por agentes de diferentes unidades para detener a los tripulantes de la embarcación en caso de que tomase tierra para alijar el hachís.
Alcanzaron la playa del Embarcadero de Los Escullos, en Níjar (Almería), y en ese momento fueron detenidas diez personas e incautados cuatro vehículos, 119 fardos de hachís con un peso de 3.570 kilogramos, y 50 garrafas de 25 litros de gasolina cada una.
Tras esto, los agentes descubrieron que, a pesar de que la organización actuaba en Almería, sus presuntos integrantes eran de la provincia de Sevilla.
Por otro lado, se averiguó que dos de los cuatro vehículos aprehendidos habían sido previamente sustraídos, por lo que fueron devueltos a sus propietarios y los otros dos eran propiedad de una empresa catalana, dedicada al alquiler de automóviles.
Al determinar que dicha empresa no tenía relación con esta actividad, lograron concretar la existencia de otro grupo ubicado en Toledo que proporcionaba vehículos a organizaciones criminales.
Los automóviles los compraban y transferían a una empresa de alquiler de vehículos, cuyo titular nada tenía que ver con estas ilegalidades, con la connivencia de un gestor administrativo autorizado que facilitaba los trámites necesarios.
De este modo si los vehículos eran detectados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se les desvinculaba de ellos.
Tras esto, se llevaron a cabo tres entradas y registros en Mocejón (Toledo) y una en la capital de la provincia, autorizadas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Almería.
A los 16 detenidos, doce de Sevilla y cuatro de Toledo, se les imputa, en diferentes grados, la presunta comisión de delitos contra la salud pública, tráfico de drogas, robo de vehículos, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
