Desde hace diez años la Plataforma Córdoba por el Derecho a la Vida organiza cada 28 de diciembre un 'Encuentro por la Vida' en la Plaza del Cristo de los Faroles de la capital cordobesa a las 18,00 horas, "pero este año, sin embargo, no se va a realizar dicho encuentro por no poder garantizar desde la organización las medidas de seguridad pertinentes en referencia a la crisis sanitaria" provocada por el Covid-19.
Así lo ha anunciado este lunes dicha plataforma, señalando que "la actualidad en el tema de la defensa del derecho a la vida viene marcada por la reciente aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley de la Eutanasia", razón por la que "muchos los ciudadanos indignados que se han puesto en contacto" con Derecho a la Vida, "para confirmar su asistencia al Encuentro", pero, "en aras de evitar aglomeraciones que incrementen el riesgo de transmitir el Covid-19", la plataforma ha decidido suspender "la convocatoria por este año".
A juicio de Córdoba por el Derecho a la Vida, la citada Ley de la Eutanasia "atenta directamente contra la vida y dignidad humanas" y, "como sucedió con la Ley del Aborto en 2010", sale adelante "sin debate, sin medidas legislativas o administrativas que permitieran otra opción viable diferente a la muerte para evitar un sufrimiento, y sin atender recomendaciones de los órganos institucionales de expertos".
Además, se ha hecho, según la plataforma, "usando como único argumento encuestas manipuladas aderezadas con bonitas expresiones, como 'derecho a decidir' o 'muerte digna', y así desde el Gobierno se está imponiendo a la ciudadanía una ley que atenta contra al primero de los derechos: el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural".
En este sentido, desde Derecho a la Vida se ha recordado que "en mayo de 2018 el Consejo General del Colegio de Médicos declaró públicamente su rechazo a que profesionales de la Medicina pudieran acabar intencionadamente con la vida del paciente sufriente", instando entonces a "buscar un marco legislativo que permitiera garantizar el acceso universal y equitativo a los cuidados paliativos de calidad, así como el derecho a la sedación paliativa en la agonía de forma científica y éticamente correcta".
Junto a ello y "en septiembre de este año, el Comité de Bioética de España, órgano consultivo del Ministerio de Sanidad, rechazó por unanimidad considerar a la eutanasia un derecho subjetivo, advirtiendo que su implantación iniciaría un camino devastador de la protección de la vida, que en el futuro podrá afectar a los derechos de las personas vulnerables" y, "en su lugar, este comité aboga por legislar a favor de una sociedad de cuidados".
Además, "desde la ONU, el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad recomendó en 2019 retirar las provisiones legales relativas al aborto o a la eutanasia por motivo de discapacidad, pues contribuyen a crear un clima de estigma social hacia ese colectivo".
A ello se suma, según ha recordado Derecho a la Vida, que "la OMS, en la resolución WHA67.19 de 2014 instó a los estados miembros a aplicar
políticas de cuidados paliativos basadas en criterios científicos, costoeficientes y equitativos, reconociendo que este tipo de asistencia es fundamental para mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas y reforzar su dignidad humana".
Para la plataforma son, por tanto, "muchos y variados los organismos nacionales y supranacionales que abogan por caminos diferentes a la eutanasia para evitar el sufrimiento de pacientes en situaciones graves e irreversibles y la de sus allegados".
Por otro lado, para la plataforma "sigue sin existir una política oficial de ayuda eficiente a las madres con embarazo conflictivo", cuando "es infinitamente mayor el gasto que dedica el Estado a financiar abortos que a ayudar a la maternidad. Lo que debería ser una obligación estatal en una sociedad que se considera solidaria se delega en ONG privadas, tres de las cuales actúan en nuestra provincia: Adevida, Fuente de Vida (Adoratrices) y RedMadre".
Por ello, aunque este año la Plataforma Córdoba por el Derecho a la Vida ha renunciado a convocar su habitual Encuentro por la Vida del día 28 de diciembre, reclama, "tanto del Gobierno central", como a la Junta de Andalucía, "leyes y medidas eficaces de apoyo a la mujer con embarazo conflictivo, para que la posibilidad real de opción de ésta no se limite a eliminar al ser que lleva dentro".
También reclama la plataforma la "paralización del actual proceso de legalización de la eutanasia", la "implantación en el Sistema Nacional de Salud de una Ley de Cuidados Paliativos que garantice universalmente y con criterios científicos este tipo de asistencia", además de "medidas presupuestarias y administrativas suficientes para aplicar correctamente la Ley de Dependencia, disminuyendo así el sufrimiento que genera en pacientes dependientes la sensación de constituir una carga para sus seres queridos".
