Izquierda Unida ha informado este lunes de que el Tribunal Supremo (TS) les ha comunicado que da traslado de su querella contra el Rey emérito a la Fiscalía para que ésta informe "sobre su competencia y contenido" antes de decidir si abre o no causa.
Izquierda Unida (IU), el Partido Comunista de España (PCE), y al Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda, presentaron a mediados de diciembre ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo una ampliación de su querella contra Juan Carlos I, tras la regularización fiscal que presentó ante Hacienda y los "nuevos hechos que se han ido conociendo en los últimos meses", como las investigaciones abiertas por la Fiscalía del alto tribunal o las cuentas suizas vinculadas a dos fundaciones.
Ahora, en un comunicado recogido por Europa Press, señala IU que la Sala Segunda del Supremo confirma también que "se tiene por consignada, en plazo, la fianza por importe de 12.000 €" que le fue impuesta para el ejercicio de la acción popular. Los querellantes han recibido también una diligencia de ordenación de esta misma sala en la que da "por recibido el escrito de ampliación de querella".
Así, desde IU siguen pendientes de si el alto tribunal decide resolver favorablemente sobre la reapertura o no de la causa especial 21092/2018 derivada de la querella que presentaron en 2018 y que fue inadmitida de plano. Entonces, iban contra el ex jefe del Estado y otras personas por la supuesta comisión de 13 delitos.
Según señalan desde IU, ahora a la espera de lo que informe la Fiscalía del Supremo sobre el caso de cara a la decisión de reapertura o no de esta causa especial, la Sala Segunda indica que da "por formulada querella contra Juan Carlos de Borbón y Borbón y otros al que se atribuye la presunta comisión de, entre otros, un delito de cohecho y otros".
Informan además de que con la consignación de 12.000 euros de fianza a comienzos de diciembre el Tribunal Supremo "reactivaba las diligencias relativas a esta causa especial después de que los querellantes hubieran solicitado su reapertura el pasado mes de julio".
Y recuerdan que la querella original (2018) fue archivada por "prácticamente los mismos magistrados" que ahora vuelven a entender del asunto en poco más de seis meses --en verano de 2019--. "Todo un récord teniendo en cuenta el ritmo con el que se mueven las instancias judiciales", añaden en el comunicado.
Por otro lado, sobre la diligencia del Supremo en la que se da por recibido el escrito de ampliación de la querella, IU pone el foco en en que la Sala señala también que "la causa está pendiente de que se emita informe por el Ministerio Fiscal" y pide que se dé "traslado al mismo de esta ampliación".
La querella inicial está dirigida, además de contra el emérito, contra su examiga Corinna Larsen, el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga, el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, además del abogado suizo Dante Canónica y el primo del rey emérito Álvaro Orleans Borbón.
La reciente ampliación completa los nombres con los del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause y el teniente coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga, al servicio del rey emérito y que habría actuado supuestamente como testaferro en el pago de diversas facturas.
Según explica IU, en el escrito de ampliación se incorporaban los casos conocidos en las últimas semanas, desde la regularización fiscal que Juan Carlos I presentó ante la Agencia Tributaria al uso de fondos del empresario Sanginés-Krause a través de un testaferro para pagar distintas actividades tanto suyas como de su entorno familiar, pasando por el movimiento de capitales a través de paraísos fiscales.
"De la lectura de la presente ampliación de querella -señalan PCE e IU en su escrito-, y puesta en correlación con la inicial querella presentada en diciembre de 2018, se desprende una larga continuidad temporal en la conducta de los querellados y, en particular, del ex jefe del Estado, conducta que aparece dilatada ya en el tiempo".
IU VE INDICIOS DE HASTA 13 DELITOS
A su juicio existen evidentes "indicios de actividades ilícitas relatados y documentados en ordinales anteriores que como mínimo se remontan al año 2002, siendo las conductas descritas durante todo este iter temporal concatenadas las unas con las otras, teniendo como nexo de unión la conducta de Juan Carlos de Borbón a la hora de recibir pagos o dádivas por parte de países extranjeros sin que se haya dado cuenta durante todo este tiempo a la Hacienda Pública española de la percepción de estos pagos ni de la existencia de cuentas, inversiones o instrumentos financieros en las que se han ido depositando millonarias cantidades de dinero".
Y añaden que los hechos recogidos se corresponden a 13 delitos --siete de ellos vinculados directamente con el ex jefe del Estado--, entre ellos los de cohecho, contra la Hacienda Pública, administración desleal, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias, constitución de grupo criminal, blanqueo de capitales, encubrimiento, amenazas de muerte condicionales, descubrimiento y revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos o corrupción entre particulares.
