Gobierno, patronal y sindicatos están a punto de cerrar un primer acuerdo para la reforma del sistema de pensiones que prácticamente se reducirá a su revalorización anual conforme al índice de precios de consumo (IPC) y supondrá la vuelta al sistema vigente antes de la reforma unilateral del PP de 2013.
El acuerdo, que podría cerrarse en la próxima reunión del 17 de mayo, incluirá asimismo la derogación del factor de sostenibilidad -cuya entrada en vigor estaba suspendida hasta 2023- y la asunción definitiva por parte del Estado de los gastos impropios de la Seguridad Social, según han confirmado a EFE fuentes del diálogo social.
Con este acuerdo se daría cumplimiento a las recomendaciones 1 y 2 de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo sobre separación de fuentes y garantía del poder adquisitivo de las pensiones, respectivamente.
La falta de consenso impedirá que también formen parte de este primer acuerdo las medidas para incentivar la jubilación demorada, penalizar la anticipada e incrementar las bases máximas de cotización, asuntos que se seguirán negociando en la mesa de diálogo, junto con otros que todavía no se han planteado.
REVALORIZACIÓN CON EL IPC
El planteamiento inicial del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social pasaba por garantizar el poder de compra de las pensiones, pero evitando ganancias de poder adquisitivo en momentos en que el IPC estuviera en negativo.
La primera propuesta fue vincular las pensiones a una media móvil del IPC a 5 años, que después pasó a una revalorización anual con el IPC del año anterior compensando los años de IPC negativo a lo largo de los 3 siguientes.
El rechazo de los sindicatos a este planteamiento por su difícil aceptación social llevó a desechar la fórmula del Ministerio, que finalmente habría aceptado volver al sistema tradicional que implica subir cada año las pensiones conforme a la previsión de inflación del Gobierno, compensando las posibles desviaciones al alza con la denominada "paguilla" a principios del año siguiente.
FACTOR SOSTENIBILIDAD
La derogación formal del índice de revalorización de las pensiones (IRP) que se introdujo en 2013 estará acompañada de la eliminación de la otra parte de aquella reforma: el factor de sostenibilidad, que suponía el ajuste a la baja de la pensión inicial de acuerdo con la esperanza de vida prevista.
Con la supresión de la reforma de 2013 se volverá a lo establecido en la reforma que el PSOE promovió en 2011 con acuerdo social, en la que se decía que a partir de 2027 los parámetros fundamentales del sistema se revisarían cada 5 años por las diferencias entre la evolución de la esperanza de vida a los 67 años de la población en el año de la revisión y la esperanza de vida a los 67 años en 2027.
No obstante, el Ministerio quiere sustituir el factor de sostenibilidad por un nuevo mecanismo que persiga la preservación de la equidad intergeneracional, en virtud del cual los parámetros fundamentales del sistema serán objeto de revisión periódica en el marco del Pacto de Toledo en función del equilibrio entre la población ocupada y la población pensionista y del nivel de gasto agregado.
Con este nuevo mecanismo, aún pendiente de negociar en la mesa de diálogo social, se intentará no sobrecargar a las generaciones más jóvenes el ajuste provocado por la llegada a la edad de jubilación de los "baby-boomers" (los nacidos entre 1958 y 1975).
GASTOS IMPROPIOS
La tercera pata del acuerdo será la clarificación de la situación financiera real del sistema de la Seguridad Social, de forma que deje de asumir gastos no contributivos (los llamados gastos impropios) y dedique las cotizaciones sociales únicamente al pago de prestaciones de naturaleza contributiva, fundamentalmente las pensiones.
El Estado ya ha asumido en los Presupuestos de 2021 gastos impropios de la Seguridad Social por un montante cercano a los 14.000 millones de euros.
Para el Ministerio son gastos "indiscutiblemente impropios" las políticas de empleo no contributivas, las reducciones en la cotización para fomento del empleo, la prestación por nacimiento y cuidado de hijos, el gasto relacionado con jubilaciones anticipadas, el complemento por maternidad, las pensiones en favor de familiares, el apoyo a regímenes especiales para ayudas a sectores y el coste de complementar las lagunas de cotización para el cálculo de la jubilación.
