Belarra se compromete a transformar los cuidados con 3.500 millones de euros

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, cree que los fondos europeos, con una inversión de 3.500 millones de euros, son la oportunidad para hacer una reforma estructural de la economía de los cuidados, "sin parchear", reforzando lo público y "dejando atrás el paradigma de la austeridad y los recortes".

En un encuentro informativo desde el Palacio de la Moncloa, Belarra y la titular de Igualdad, Irene Montero, han detallado los planes de sus departamentos que se financiarán con fondos europeos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Belarra ve tras la pandemia "la oportunidad de transformar algo que está mal". La mayor inversión irá destinada a reforzar los cuidados de larga duración, en una apuesta por la atención domiciliaria frente a las residencia, seguido de un plan para modernizar los servicios sociales a través de la digitalizacion y de un programa de accesibilidad integral.

"La gente necesita que las inversiones se traduzcan en empleos de calidad y en políticas que mejoren su vida cotidiana", ha asegurado la responsable de Derechos Sociales, que ha destacado su intención de gestionar estos cambios "de la mano" de las comunidades autónomas y entidades locales que han presentado ya más de 400 proyectos.

Ha destacado el papel esencial de los municipios, que se encargarán de invertir el 15 % de esos fondos. "Junto con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se van a invertir 450 millones en proyectos municipales, es la administración más cercana y donde conocen mejor las necesidades de la gente", ha puntualizado.

Belarra ha recordado que ya están en manos de las comunidades 731 millones de fondos europeos para modernizar los servicios sociales y empezar la reforma del sistema de cuidados.

En total, la cuantía de los fondos europeos en este ámbito social alcanza los 3.500 millones de euros hasta 2023, de los que 3.156 millones son ejecutados por Derechos Sociales y el resto lo hacen los Ministerios de Igualdad y de Migraciones.

La ministra Irene Montero ha abogado por un gran pacto feminista que elimine las desigualdades y ha opinado que España "está en condiciones de liderar ese gran acuerdo en el marco europeo".

Su departamento, ha apuntado, trabaja "en una cuarta ola de feminismo institucional" para redoblar los esfuerzos y poner "los cuidados en el centro, romper los techos de cristal y los suelos pegajosos".

Respecto a las personas dependientes y sus cuidadores, uno de los objetivos es crear "un punto estatal" de cuidados, una web que sirva para conocer los recursos y los derechos de las personas que lo precisen.

"La salida de la crisis pasa por fortalecer los servicios públicos, como la atención a las víctimas, y en ese sentido hemos ampliado la consideración de servicios esenciales durante el tiempo que dure el escudo social", ha destacado.

Entre los planes de su ministerio, ha citado asimismo la mejora en la atención del teléfono 016, que también prestará servicios de atención laboral a las víctimas de trata y explotación sexual.

También la ampliación de dispositivos Atenpro y pulseras, con el objetivo de utilizar "la mejor tecnología" para proteger a mujeres que sufren cualquier tipo de violencia, como agresiones sexuales o trata.

Para la creación de los centros de atención 24 horas a las víctimas de violencia sexual se invertirán 70 millones de euros; habrá uno en cada provincia y a ellos se podrá dirigir cualquier víctima de más de 16 años, con independencia de que haya presentado denuncia.

Montero, que ha ratificado su apuesta por una ley integral contra la trata y ha defendido la puesta en marcha de políticas abolicionistas de la prostitución, ha avanzado que la ley de garantía de la libertad sexual, conocida como la ley del solo sí es sí, llegará al Parlamento en las próximas semanas.

Junto a Trabajo se pondrá en marcha un plan de inserción social y laboral de mujeres en contexto de prostitución, dotado de 10 millones de euros.

"Estos fondos son una oportunidad para dejar de posponer los eternamente pospuestos derechos de las mujeres", ha aseverado la responsable de Igualdad, e impulsar las políticas públicas "que hagan que todas las mujeres puedan desarrollar sus proyectos de vida sin discriminación, ni violencia".