Mari Carmen Pérez, portavoz de la PAH Campo de Gibraltar, teme una ola de lanzamientos a partir de septiembre, al término de la prórroga aprobada a principios de este mes y hasta el 9 de agosto de la suspensión de los desahucios en situaciones de vulnerabilidad.
El Gobierno admite en dos respuestas parlamentarias que ignora el número de hogares acogidos a la medida, dado que “se desarrolla en el marco de la relación jurídica entre las partes sin que en el procedimiento se haya establecido ningún tipo de comunicación a las Administraciones Públicas”.
Lo dispuesto al respecto en el real decreto ley 11/2020 no ha servido para evitar episodios como el protagonizado por una inmobiliaria vinculada al BBVA, que ordenó este pasado mes de enero, en pleno estado de alarma, el desalojo de tres bloques de viviendas ocupadas desde hace casi una década en la urbanización El Patio, en calle Poeta Juan Ramón Jiménez de La Línea, porque “los servicios sociales del Ayuntamiento no consideraban que era aplicable la moratoria”, lamenta Pérez, por ser una decisión injusta teniendo en cuenta historias como la de Vanesa Torralbo, afectada por un tumor en la pierna, con una hija de tres años con discapacidad, y sin empleo.
Pero la posibilidad de suspender de manera extraordinaria el desahucio es la única opción que le queda a los afectados por la crisis, especialmente por impago del alquiler, que según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), representan dos tercios, 363 de los 540 lanzamientos, registrados en 2020. Otros 145 practicados en los juzgados de primera instancia en la provincia fueron como consecuencia de ejecución de procedimientos de ejecución hipotecaria.
“Los bancos no están dando opción a prórroga el alquiler a quienes dieron su vivienda para saldar la deuda”, advierte la portavoz de PAH Campo de Gibraltar. Pero, además, las entidades bancarias “están evitando aceptar nuevas daciones en pago, aunque hay colas para hacerlo”, y ofrecen la reestructuración de la hipoteca, “un follón”, que permite durante cinco años que el deudor solo abone los intereses pero está obligado a seguir haciendo frente en plena situación de exclusión al pago del IBI, comunidad y suministros. También destaca el aluvión de extranjeros, con un par de casos de marroquíes que no hablan ni una sola palabra de español pero que no tuvieron problemas en las sucursales para obtener hipotecas millonarias.
“El problema está en la falta de alquiler social”, remarca. “Los inmuebles disponibles por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) en Algeciras solo están disponibles si cobras más de 850 euros; en La Línea, el precio es de 340 euros al mes; y la Junta no siempre ha evaluado el acceso a la misma en general”, denuncia.
Ante esta dificultad, agravada por la crisis de 2008, nació en Jerez la iniciativa Todos con Casa, cuya organización ha conseguido en cinco años que catorce familias accedan a una vivienda digna por medio de un alquiler social. Aminta Sánchez, voluntaria de la asociación y beneficiaria, explica que comenzaron con dos inmuebles, pero el resultado de la reforma de las mismas por parte de los ocupantes con la colaboración privada sirvió para que otros propietarios se pusieran en contacto. “Finalizadas las obras, amueblamos con el concurso de otros patrocinadores y firmamos un contrato de ocupación de tres años que, en la mayoría de los casos, se ha renovado”, explica. Dado que los inquilinos no cuentan con una nómina fija, la renta mensual se estipuló en un máximo de 200 euros. Pero la pandemia amenaza el desarrollo de la iniciativa. La crisis sanitaria ha frenado en seco la participación de las firmas colaboradoras. “Estamos reorganizándonos”, apunta, sin ocultar su preocupación porque “la necesidad de tener un techo se ha disparado” y no hay alternativas públicas.
