El Sindicato de Enfermería Satse ha denunciado y condenado la agresión sufrida este lunes en la sala de triaje del Centro Hospitalario de Alta Resolución (Chare) de Alcaudete, en el Servicio de Urgencias, cuando un paciente que estaba siendo atendido en dicha consulta de clasificación sacó un arma blanca en presencia de dos profesionales de este servicio.

En menos de una semana, según se ha informado desde el sindicato, se ha producido una agresión verbal a una enfermera en el Centro de Salud de Bailén (Jaén), una agresión con un arma blanca a una médico en el Hospital Neurotraumatológico de Jaén, y una nueva agresión con arma blanca a dos enfermeras en el Chare de Alcaudete.

Las profesionales de Alcaudete reaccionaron y pudieron evitar daños físicos, aunque en este caso también se ha activado el Protocolo del Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones y se le ha procurado a estas profesionales el acompañamiento oportuno y el soporte psicológico y legal necesario.

Precisamente, el Hospital Universitario de Jaén ha celebrado este martes una concentración de repulsa frente a las agresiones al personal sanitario, en relación a la sufrida por dos sanitarios del hospital durante el desempeño de su labor asistencial el pasado viernes.

La concentración se ha llevado a cabo en la Puerta de Urgencias del Hospital Médico Quirúrgico y Materno Infantil, y además de personal sanitario y representantes de los colegios de Médicos y Enfermería, ha asistido la delegada de Salud y Consumo, Elena González, y el gerente del hospital, Francisco Javier Vadillo.

González ha destacado que en lo que va de año "es habitual" encontrarse con "agresiones verbales sobre todo, pero también físicas" y de ahí que concentraciones como la de este martes vengan a evidenciar "ese rotundo rechazo y condena" a actuaciones de este tipo que atentan contra los profesionales que "nos cuidan y nos salvan la vida".

Desde Satse se ha incidido en un comunicado en que la agresión verbal, física o la intimidación grave contra el personal sanitario en el ejercicio de su función pública es considerada como un delito de atentado por los tribunales de justicia, y en este sentido ya se han emitido algunas sentencias ejemplarizantes.

Asimismo, ha puesto el acento en que no todas las agresiones se denuncian y es necesario hacerlo para "visibilizar este problema e intentar atajarlo con todas las medidas que tengamos a nuestro alcance".