La Policía Nacional ha detenido en Almería a 37 personas e imputado a otras 92 en una operación contra el fraude a la Seguridad Social, el empleo irregular y la falsedad documental por el que se habría defraudado una cuantía que asciende a 691.750 euros.
La trama se nutría de empresas relacionadas con la construcción y servicios de limpieza que habían sido creadas únicamente con la intención de tramitar altas de falsos trabajadores para que pudieran percibir prestaciones por desempleo o subsidios.
Entre los arrestados, en su mayoría mujeres de nacionalidad española, figuran administradores de las mercantiles ficticias y falsos empleados que habían pagado para ser contratados y así poder optar a las ayudas. Entre los detenidos figuran, asimismo, una mujer de nacionalidad colombiana y diez varones de origen marroquí.
Según ha informado la Comisaría Provincial, las investigaciones se iniciaron tras detectarse dos empresas inscritas en el Régimen General de la Seguridad Social carentes de actividad laboral, real y efectiva. Con estas informaciones recibidas de la Unidad de Control de Fraude y la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social de Almería, se llevaron a cabo averiguaciones y se solicitaron a la Tesorería General de la Seguridad Social datos relativos a las mercantiles investigadas.
Del análisis de la documentación analizada y de los datos obtenidos de diferentes registros públicos, se ha podido determinar que la práctica totalidad de estas empresas, dedicadas supuestamente a actividades de construcción y limpieza, se habían creado con la única finalidad de defraudar a la Seguridad Social mediante la obtención irregular de prestaciones o subsidios por desempleo. Además del fraude derivado del cobro irregular de subsidios, las mercantiles tampoco realizaban el pago de las cuotas de seguros sociales de los empleados dados de alta.
PRESTACIONES POR DESEMPLEO Y REGULARIZACIÓN
Con toda la información disponible, se solicitaron al SPEE los expedientes por desempleo de los trabajadores que presuntamente habían simulado una relación contractual con las empresas investigadas. La mayoría de estos contratos correspondían a personas extranjeras que, en muchos casos, además de obtener un beneficio económico percibiendo de forma irregular un subsidio, también pretendían regularizar su situación en España.
La cantidad defraudada asciende por el momento a 691.750 euros, 161.000 de ellos por impagos a la Tesorería General de la Seguridad Social y 530.750 mediante subsidios percibidos ilícitamente del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE). La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
Esta operación está enmarcada dentro del convenio firmado el pasado 30 de marzo por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. El Gobierno quiere estimular la lucha contra todo aquel comportamiento que atente contra los derechos de los trabajadores y que provoque perjuicio a las empresas que cumplen con la ley.
Las investigaciones y detenciones, bajo instrucción de los juzgados número 2 y 3 de Almería en funciones de guardia, se han levado a cabo por agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Comisaría Provincial de Almería.
