La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha abierto un expediente sancionador al Ayuntamiento de Albox (Almería) debido al proceso seguido para modificar las condiciones de trabajo de 39 empleados del Consistorio con los que el equipo de gobierno de Rogelio Mena (PSOE) fijó bajas salariales y cambios en sus jornadas para evitar un expediente de regulación de empleo (ERE) extintivo sobre 22 empleados, ya que finalmente solo se cesó a entre seis y ocho empleados, lo que no llegó al diez por ciento de la plantilla.
Según la resolución de la Inspección, consultada por Europa Press, el resultado de las negociaciones para evitar el ERE que pesaba inicialmente sobre unas 22 personas ha dado lugar a una "vulneración del procedimiento establecido en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores para las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo de carácter colectivo", aspecto que fue denunciado por el resposable del Área de Acción Sindical y Negociación Colectiva de CCOO, Juan López.
Así, el órgano dependiente del Ministerio de Empleo ha constatado que la decisión de modificar la jornada laboral de los empleados, quienes lo pidieron mediante solicitudes individuales, "parte inicialmente del Ayuntamiento" aunque "después se traduzca en 39 escritos iguales de trabajadores que alegan necesidades personales o familiares para querer una reducción de jornada".
"No consta que ninguno --de los trabajadores-- acredite estas razones", añade la inspectora en su escrito, en el que apunta además que la razón de estas modificaciones "es la misma que las del procedimiento del ERE que se sigue de manera paralela" y cuyos resultados "están directamente vinculados a las modificaciones" que se produjeron en los contratos a petición de los empleados.
Así, de la plantilla de 62 empleados, solo 39 solicitaron una modificación de sus condiciones de trabajo a título particular, sin que se produjera un periodo de consultas ni una comunicación al respecto a los representantes de los trabajadores; un proceso que por otra parte, sí se había dado a través del ERE que finalmente no llegó a ejecutarse.
La Inspección apunta además que la forma de acuerdos voluntarios por "iniciativa de los trabajadores" en vez del procedimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo colectivo "cierra la posibilidad de acudir al conflicto colectivo o plantear acciones individuales ante la jurisdicción social".
"UNA RABIETA"
Con esto, los ocho trabajadores que finalmente fueron despedidos y que no presentaron escrito en el que solicitaran voluntariamente una reducción de jornada han denunciado su cese. La resolución de la Inspección de Trabajo se produce tras las reiteradas denuncias elevadas por CCOO al entender que se habrían dado "irregularidades" en el proceso de negociación del ERE; un aspecto que el propio alcalde achacó a una "rabieta" del sindicato debido a la apertura de un expediente a su delegada sindical.
La denuncia, que fue ampliada hasta en seis ocasiones, advertía que el procedimiento de negociación colectiva durante el ERE se había "omitido" a favor de un "acuerdos individuales" con los empleados del Consistorio con los que, según el sindicato, se ha ejercido un "abuso de poder".
De este modo, el sindicato ya apuntaba a que se habría estado "invitando" a los trabajadores a "solicitar la conversión del contrato de trabajo a tiempo completo a un contrato de trabajo a tiempo parcial". Todas las solicitudes de reducción de jornada llevaban fecha de 21 de junio de 2013, esto es, un día antes de que el pleno aprobara en sesión urgente y extraordinaria una propuesta de acuerdo para el estudio, viabilidad y realización de un ERE.
El sindicato añadió en su denuncia la presencia de una persona en el Ayuntamiento que se identificaba como "asesora" del Ayuntamiento encargada de formalizar las cláusulas de modificación del contrato "advirtiendo que de no hacerlo --los trabajadores-- conformarían la lista de componentes del ERE".
En este sentido, una de las ampliaciones de denuncia realizadas por CCOO adelantó los nombres de los seis despedidos por el Ayuntamiento; personas que no solicitaron "voluntariamente" un cambio en su contrato.
