La jueza que se ha hecho cargo del caso 'Facturas' ha resuelto aplazar las testificales previstas para este martes por "necesidades de orden interno de organización y gestión del juzgado" y ha señalado la toma de declaración de los 25 citados para esta jornada a los días 16 y 23 de mayo.
Según la providencia notificada a las partes, el expresidente de la Diputación Juan Carlos Usero y la diputada provincial socialista Caridad Herrerías deberán comparecer el día 23 en el marco de la investigación en torno al presunto desvío de dinero público en el Patronato de Turismo mediante la emisión de facturas "ficticias".
Asimismo, fuentes judiciales han indicado a Europa Press que el resto del calendario se mantiene, por lo que este miércoles deben comparecer otros 16 testigos, entre ellos el exgerente del Patronato de Turismo bajo mandato socialista Antonio Cantón.
Para los días 8 y 9 está señalada la comparecencia de 19 imputados. Lo harán por primera vez diez personas, mientras que otros nueve implicados lo harán por segunda vez debido a la ampliación de la imputación de hechos de apariencia delictiva que se hace sobre ellos.
En este último caso se encuentran el exvicepresidente de la Diputación Luis Pérez (PSOE), en libertad bajo pago de una fianza de 12.000 euros, y el exgerente del patronato Francisco Iglesias.
Entre los 41 testigos que deben prestar declaración, los informes elaborados por la Policía Judicial adscrita a la Fiscalía Superior de Andalucía señalan a 23 que también podrían haber disfrutado de bienes y servicios con cargo al Patronato de Turismo "sin justificación aparente alguna", lo que supone que habrían incurrido en un posible delito de malversación aunque, matiza, ya prescrito.
Según explicaba el juez en su último auto, en la "mayor parte" de los casos han transcurrido más de tres años desde su comisión, en concreto hasta diciembre de 2010, y las cuantías de las facturas no superan los 4.000 euros, por lo que estimó que les sería de aplicación el subtipo atenuado del artículo 432.3 del Código Penal para decidir no dirigir la causa contra ellos y citarlos a declarar en calidad de testigos.
"Aunque el plazo de prescripción no forma parte del tipo penal, lo cierto es que merece la consideración de ley penal a los efectos analizados pues del mismo depende, a la postre, la aplicación práctica de los tipos", sostenía, si bien dejaba la puerta abierta a que la administración perjudicada, en este caso la Diputación Provincial, pueda ejercitar acciones por la vía civil contra ellos.
DENUNCIA
El actual equipo de gobierno de la Diputación (PP) remitió en enero de 2013 a la Fiscalía un expediente en el que se incluían facturas por un valor de 44.500 euros abonadas por el Patronato de Turismo y correspondientes a distintos viajes en los que, según los primeros datos, o bien "no viajó nadie" o "bien se contrataron bajo el nombre de trabajadores del patronato que no los realizaron".
Con posterioridad a esta denuncia, desde la Diputación de Almería se remitieron al juzgado otras 99 facturas por valor de cerca de 400.000 euros y sobre viajes supuestamente realizados durante las mismas fechas. Esta última aportación fue detectada a raíz del informe policial que llevó a la Fiscalía Provincial a formular denuncia.
