El exalcalde socialista y actual concejal en el gobierno de Partaloa (Almería) Federico Molina, su compañero Antonio Peñuela y tres exediles de la corporación serán enjuciados el próximo miércoles por la construcción sobre suelo no urbanizable del residencial 'Retamar'.
En la vista oral, en el Juzgado de lo Penal 2 de Almería, la Fiscalía tiene previsto interesar la demolición de 29 viviendas unifamiliares, propiedad en su mayoría de ciudadanos extranjeros. De ellos, 17 están personados en la causa como perjudicados ya que el Ministerio Público solicita que el promotor, también encausado, se haga cargo de las correspondientes indemnizaciones por ser compradores de buena fe.
El escrito de calificación provisional, consultado por Europa Press, acusa a los cargos públicos de autorizar por "silencio administrativo" en octubre de 2006 la obras "aunque sabía que no era posible conforme a la ley vigente", así como de no haber iniciado "voluntariamente" ningún expediente de revisión de oficio de las citadas licencias "pese a que conocían que eran contrarias a la legislación urbanística".
Se enfrentan a penas individuales de ocho meses de cárcel como presuntos autores de un delito de prevaricación y a inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de siete años. Molina es actualmente concejal y Peñuela, primer teniente de Alcalde.
También esta encausado el arquitecto técnico Emilio G.R. acusado de emitir un informe técnico favorable a la segregación de las parcelas afectadas en 2005 "a sabiendas de su injusticia ya que tenía conocimiento de que las viviendas proyectadas estaban situadas en suelo no urbanizable".
Para el promotor y administrador único de la empresa 'Residencial Retamar SL', Amador M.M., la Fiscalía pide dos años de prisión e inhabilitación especial al considerar que incurrió en un delito continuado y multa de 24 meses a razón de 20 al día.
El escrito recoge que, según la tasación, el coste para la reposición de la legalidad urbanística en la parcela, que correría a cargo de Amador M.M. asciende a 134.120,29 euros.
El Ministerio Público detalla que el entonces alcalde, Federico Molina, fue quien, con "carácter previo" a la concesión de la licencias, resolvió conceder licencias de segregación de las parcelas afectadas y que para ello habría contado con un informe técnico por el que está imputado Emilio G.R.
