Almería, donde viven miles de magrebíes pero sin derecho al voto

 Una gran parte de la población de la provincia de Almería es de origen extranjero, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE); de 715.993 habitantes, 145.181 (19,72 %) son extranjeros, especialmente de origen magrebí, aunque la mayoría de ellos no podrá votar en las próximas elecciones municipales.

Y es que los 57.650 marroquíes, 726 argelinos, 652 mauritanos y 49 tunecinos censados por el INE no pertenecen a esos 12 países con los que España tiene acuerdos de reciprocidad, por lo que únicamente los nacionalizados podrán ejercer este domingo su derecho al voto.

Uno de los pueblos almerienses con mayor población magrebí es Níjar, donde viven unas 31.000 personas, cerca de 17.000 con nacionalidad españolas y algo más de 14.000 extranjeros empadronados de 30 nacionalidades, de los que 9.700 son de origen marroquí, según traslada a Efe el teniente de alcalde de la localidad y candidato a la Alcaldía por Adelante Andalucía, Alexis Pineda.

Pineda señala que gran parte de ellos residen principalmente en las zonas agrícolas del término municipal más extenso de la provincia y afirma que entre 2.000 y 3.000 personas más viven en Níjar, englobando a los inmigrantes en situación irregular y extranjeros que residen varios meses al año en la zona costera del parque natural Cabo de Gata-Níjar.

También aclara que de ese 53 % de personas con nacionalidad española, un millar son de origen extranjero, “principalmente de origen marroquí”.

La suya es la única de las seis listas que concurren a las elecciones municipales con un marroquí nacionalizado entre los candidatos, Mohamed Bougren, porque tienen claro que “el futuro de Níjar es multicultural y hemos apostado porque esto se reflejase en el Ayuntamiento”.

El edil piensa que en “20 años de inmigración se ha hecho muy poco por parte de las distintas administraciones”. “Achaco la falta de aparecer por aquí a la Unión Europea. Estamos en un sitio claramente de paso para la inmigración de África a Europa y no disponemos de ayudas de la UE”.

Considera que la integración de esta población es real, como demuestra que haya colegios con hasta un 60 % de alumnos inmigrantes, aunque también advierte que podría haber hasta 3.000 personas en asentamientos chabolistas, entre ellos inmigrantes de paso llegados sobre todo desde África.

Pineda insiste en que la falta de políticas de convivencia han favorecido que “partidos con un claro sesgo xenófobo tengan una gran repercusión” valiéndose de la “inseguridad subjetiva, el miedo porque la estructura de la población ha cambiado, una desazón porque no es la que esperaban los ciudadanos de su pueblo hace 20 años”.

También indica que el desarrollo agrícola “no ha venido condicionado por la vivienda que necesitan esas personas que trabajan como mano de obra”, y propone programas de convivencia, “mucha pedagogía entre los vecinos” para que comprendan que este cambio “está para quedarse”, a la vez que reclama cesar la construcción de grandes explotaciones agrícolas hasta que no se garantice el “agua y el techo”.

Piensa que es vital un plan de erradicación del chabolismo y la infravivienda con gran participación de la UE, y revela que aunque la mayor parte de la mano de obra inmigrante es legal, durante ciertos meses los agricultores toman como trabajadores a personas sin documentación.

Lo que niega activamente es uno de los “bulos usados por la ultraderecha” para seguir “empujando el odio y la xenofobia que desgraciadamente ha llegado a parte de la población”, apuntado que solo el 8 % de los extranjeros censados legalmente en el municipio recibieron ayudas en 2018.

Con todo, Pineda mantiene que ya hay invernaderos y numerosos negocios a cargo de marroquíes y otros integrantes, como se puede comprobar visitando núcleos nijareños como Campohermoso, San Isidro o El Viso.

Allí, el flujo de extranjeros en las calles es constante y es posible encontrar desde peluquerías a tiendas de segunda mano como la que regenta Salgh, quien lleva 18 años en el país, vive en San Isidro con su familia y no podrá votar al no estar nacionalizado. Tiene pensado seguir aquí, aunque reconoce que hay “mucho gasto”.

Nourdden es otro de los marroquíes que viven en San Isidro, en este caso con su mujer y sus tres hijos. Trabaja en un invernadero recogiendo “tomates y de todo” y tampoco podrá votar, aunque afirma estar “bien” en este pueblo.