Seis años después, el Banco Santander se enfrenta aún a una oleada de críticas y reclamaciones por la compra del Banco Popular en junio de 2017, una operación polémica que dejó sin dinero a miles de accionistas y bonistas del banco intervenido y que cambió las condiciones de muchos clientes.

La compra del Popular por parte del Santander fue la primera intervención bancaria bajo las normas europeas de resolución, que buscaban evitar los rescates con dinero público. El Santander se hizo con el Popular por el precio simbólico de un euro, tras una subasta exprés en la que participaron otros bancos como el BBVA o el Bankia. La decisión se tomó después de que el Popular sufriera una fuga masiva de depósitos y entrara en una situación de inviabilidad.

Sin embargo, la operación fue muy cuestionada por su falta de transparencia, su rapidez y su impacto social. Los accionistas y algunos bonistas del Popular perdieron todo su dinero, ya que sus títulos fueron amortizados por las autoridades europeas. Entre los afectados había unos 300.000 pequeños inversores, muchos de ellos empleados del banco, que habían acudido a la ampliación de capital de 2016 o habían comprado acciones en el mercado. Estos inversores se sintieron engañados por la información que les había dado el Popular sobre su situación financiera y su solvencia, y reclamaron judicialmente una indemnización al Santander. Se estima que perdieron unos 1.500 millones de euros por la compra del banco por parte del Santander. Sin embargo, esta cifra no incluye las pérdidas de los bonistas y los titulares de otros productos financieros vinculados al Popular, que también se vieron afectados por la operación. Algunas fuentes elevan el total de afectados a más de 400.000 y el total de pérdidas a más de 2.000 millones de euros.

Los clientes que tenían productos financieros vinculados al Popular, como depósitos, cuentas corrientes, hipotecas o tarjetas, también se vieron afectados por el cambio de titularidad. Estos clientes pasaron a ser clientes del Santander, que les garantizó la seguridad de sus ahorros y el mantenimiento de sus condiciones. Sin embargo, algunos clientes se encontraron con cambios en sus números de cuenta, en sus claves de acceso o en sus comisiones. Además, el Santander inició un proceso de reestructuración que supuso el cierre de más de 1.000 oficinas y el despido de más de 3.000 empleados.

Seis años después, todavía hay procesos judiciales abiertos y muchas dudas sin resolver sobre lo que ocurrió con el Popular y el papel que jugaron las autoridades, los auditores, los gestores y los competidores. El Tribunal Supremo ha rechazado recientemente la vía civil para las reclamaciones al Santander por el caso Popular, lo que supone un varapalo para los inversores afectados. Sin embargo, todavía queda pendiente la vía penal, que investiga si hubo falsedad contable, administración desleal o estafa a los inversores.

Mientras tanto, numerosos afectados se están movilizando en redes sociales para reclamar lo que entienden que le quitaron. Bajo los hashtags #SantanderLadron, #EstafaBancoPopular y #BotinaLadrona (en referencia a la presidenta de Banco Santander, Ana Patricia Botín), las protestas y las reivindicaciones de quienes perdieron su dinero se suceden pese al tiempo transcurrido, sin perder la esperanza en que la Justicia les devuelva lo que era suyo.