Efectivos de la Guardia Civil de Cádiz pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), en servicio conjunto llevado a cabo con inspectores de pesca de la Junta de Andalucía, han procedido a la intervención de 1.250 kilogramos de boquerones (Engraulius encrasicholus) con talla inferior a la reglamentaria.

La actuación se produjo al mediodía de ayer miércoles cuando una embarcación de pesca descargó sus capturas en el puerto pesquero de Sanlúcar, evitando así cualquier tipo de control sanitario y siendo inmediatamente introducidas en un camión, cuyo destino eran los mercados de Sevilla y Córdoba.

Efectuadas las medidas del pescado, que había sido cargado en el camión y que se hallaba distribuido en 25 cubetas de plástico, utilizadas comúnmente para el depósito de residuos domiciliarios, se comprobó como la longitud media de los mismos no sobrepasaba los 07 centímetros, talla muy inferior a la legalmente permitida, 10 centímetros.

La actitud de dichos pescadores conduce a la esquilmación del caladero del Golfo de Cádiz y a la necesidad de paradas biológicas cada vez más frecuentes, por el agotamiento de los recursos pesqueros del mismo.

Con respecto a la actitud de las personas que siguen comprando inmaduros, es importante que sepan el riesgo sanitario al que se exponen, dado que dicho pescado, cuya comercialización es ilegal, llega al consumidor sin pasar ningún control sanitario, tanto en lonja como en la cadena de distribución.

A lo anterior hay que añadir que al tratarse de un producto que se deteriora en un corto espacio de tiempo se suelen utilizar productos no autorizados para prolongar su conservación, tales como formol, ácido bórico, etc.

Por lo hechos anteriormente expuesto se procedió a precintar el transporte y a formular denuncia contra los responsables de tales actos, por infracción a la Ley 3/2001, sobre Pesca Marítima del Estado, siendo trasladado el pescado intervenido a las instalaciones de Pemares, en el Puerto de Santa María, dependiente de la Junta de Andalucía, para su verificación sanitaria por inspectores del Servicio Andaluz de Salud previamente a ser repartido entre distintas instituciones benéficas de la provincia