Alrededor de 300 funcionarios de la Administración de Justicia en la Comunidad andaluza, dependientes de la Junta, se manifestaron este miércoles frente a la sede de la Consejería de Justicia en Sevilla, para reclamar una actualización de los complementos autonómicos y la devolución de las dos pagas extraordinarias detraídas por el Ejecutivo regional en los años 2013 y 2014, como consecuencia de la crisis financiera y de las administraciones públicas. 

La concentración fue convocada por los sindicatos CSIF, SPJ-USO y UGT en una estrategia con la que pretenden forzar al consejero de Justicia, José Antonio Nieto, a sentarse a negociar mejoras salariales para los 9.000 empleados públicos que trabajan en los juzgados y tribunales de las ocho provincias andaluzas.

Las tres organizaciones sindicales, que representan el 66% de la Mesa Sectorial de Justicia en Andalucía, pidieron también con pancartas la recuperación de las ayudas de Acción Social, así como la regulación del teletrabajo que el Ministerio de Justicia indicó a inicios de este año, a las autonomías con transferencias, debe de volver al horario anterior al estado de pandemia, garantizando la presencia de un personal mínimo en las dependencias oficiales para la atención del público y de los operadores jurídicos. 





Los sindicatos criticaron la "pasividad" de la Consejería de Justicia para negociar el cumplimiento de los acuerdos suscritos en 2018, entre el anterior equipo socialista de Justicia y los representantes de los trabajadores. 

Afirman, en este sentido, que otros ejecutivos regionales del Estado de distinto color político están firmando actualizaciones salariales, lo que supondrá a la larga, sino se llega un acuerdo en Andalucia, una pérdida de poder adquisitivo para los funcionarios andaluces que realizan cometidos similares.