Los responsables del Gobierno andaluz denunciados por el PP-A por haberse beneficiado presuntamente con estos ERE son el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández; los exdirectores generales de Trabajo y Seguridad Social del gobierno autonómico Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Manuel Jesús Regidor; el actual director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Alberto Rivera y el ex delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas.
Además, el PP-A extiende esta querella a cinco directivos de consultoras y empresas aseguradoras, a los que considera "intermediarios" de la tramitación de estos ERE fraudulentos y a quince personas que habrían obtenido ilegalmente estas prestaciones, la mayoría dirigentes o militantes del PSOE.
Soto ha explicado que esta querella, de la que ha reiterado en varias ocasiones que "está abierta" a nuevas denuncias, atribuye a los denunciados la presunta comisión de uno o varios delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, fraude en las subvenciones y en la contratación administrativa, y falsedades en documentos públicos y mercantiles.
La querella también pide que declaren como testigos dos responsables de servicios a intervención de la Junta de Andalucía, así como el ex consejero andaluz de Innovación, Francisco Vallejo, de quien Soto ha destacado que "tiene que dar explicaciones de si recibió algún tipo de órdenes para cambiar los procedimientos" para la concesión de estas ayudas.
Los populares consideran que la ilegalidad de estos ERE nace en 2001, cuando la Junta de Andalucía cambió el procedimiento y en vez de financiar directamente estas ayudas a empresas en crisis desde la Consejería de Empleo, acordó transferir directamente capital desde este departamento a organismos públicos como el Instituto de Fomento de Andalucía o la agencia autonómica IDEA para que pagasen estos fondos públicos.
El PP-A sostiene que el análisis de las transferencias realizadas entre 2001 a 2009 evidencia una diferencia de 170 millones de euros entre la liquidación presupuestaria declarada por la Consejería de Empleo y el dinero finalmente librado por los entes autonómicos que gestionaron estas ayudas.
"Esto no es una cuestión de tres o cuatro pillos como algunos han querido afirmar; por lo contrario, y lamentablemente, es todo un sistema creado para vulnerar la legalidad", ha apostillado Soto.
En su opinión, la detección de decenas de personas que se habrían beneficiado ilegalmente de pensiones o de complementos de pensiones subvencionados a empresas en las que nunca habían trabajado, o en condiciones a las que no tenían derecho evidencia que la Junta de Andalucía habría creado "un sistema para otorgar subvenciones excepcionales evitando los procedimientos administrativos y los controles legalmente establecidos".
La dirigente popular ha admitido que esta querella no plantea la existencia de una financiación irregular del PSOE pero sí ha exigido responsabilidades políticas a los responsables de la Junta de Andalucía relacionados con estas irregularidades, empezando por su presidente, José Antonio Griñán.
"Esta querella marca un punto de inflexión en la responsabilidad de (José Antonio) Griñán en el escándalo de los ERE; el presidente de la Junta de Andalucía ya no puede seguir ocultando su responsabilidad política después de los documentos de la Intervención que el Partido Popular ha presentado y que demuestra la obligación que tenía de conocer y de actuar contra el fraudulento fondo de reptiles", ha sentenciado Soto.
