La exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo -condenada en el caso de los ERE y en libertad desde la semana pasada después de que el Tribunal Constitucional la exonerara de malversación- ha acusado este miércoles al PP de haber "fabricado una gran mentira" para hacer daño a un generación de políticos andaluces.
En una entrevista en la Cadena SER, ha acusado al PP de buscar "otro sistema" mediante la denuncia del caso para "hacer una persecución a sus adversarios políticos" y lograr lo que no "ganaban en las urnas", al ser consciente ese partido de que la gestión de los equipos socialistas "en general era bastante buena" para Andalucía.
Según la exconsejera, el PP como partido que ejerció la acusación y sus diputados autonómicos sabían perfectamente cómo se hizo la ley y participaron de su tramitación parlamentaria.
Ha recalcado que ella "en ningún momento" tuvo conocimiento de que entre las personas perceptoras de las ayudas de los ERE, que se siguen pagando a día de hoy, hubiera "intrusos".
Martínez Aguayo también ha recalcado que no se puede decir que se haya "robado" a los andaluces más de 600 millones de euros con estas ayudas: "Eso es una gran mentira fabricada específicamente para hacernos daño", ha recalcado.
En esta línea, ha insistido en que a día de hoy esas ayudas, cuyos 'intrusos' se fijaron en su momento en unos 70, se siguen pagando y ha apostillado que, si el actual Gobierno del PP en la Junta no ha establecido procesos de reintegro trabajador por trabajador, es porque piensa que son "legales".
Por ello, ha considerado una "mentira" que se afirme que el TC está borrando ahora el mayor caso de corrupción en España.
Martínez Aguayo, condenada en su momento a seis años de cárcel y que ya tenía desde hace varias semanas concedido el tercer grado penitenciario, ha pedido respeto para el pronunciamiento del Constitucional y ha vuelto a aclarar que a ella no la han "amnistiado, perdonado ni indultado".
"He ejercido mi defensa y, en ese punto, me han dado la razón, han reconocido que se han vulnerado mis derechos constitucionales", ha indicado la exconsejera, quien vivió "con perplejidad" que una ley aprobada por el Parlamento pudiera ser considerada "ilegal" o que al hacerla "se engañaba" a esta cámara.
