Derechos Sociales da un paso con las comunidades para desarrollar la ley animal

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha enviado este viernes a las comunidades autónomas el borrador de un real decreto para el desarrollo reglamentario de aspectos pendientes de la Ley de Protección de Derechos y el Bienestar de los Animales, como el curso para perros o el seguro de responsabilidad civil.

El borrador servirá para desarrollar 25 artículos de dicha norma aprobada en 2023, con una propuesta del Gobierno que será expuesta el próximo 17 de julio en una reunión técnica con los gobiernos autonómicos, que podrán presentar cambios al texto hasta el 31 de agosto.

Las personas titulares de un perro de compañía, según dicho borrador, tendrán que realizar un curso de formación certificado por una autoridad competente, que habrán de realizarlo seis meses después de que entre en vigor el real decreto.

Además el responsable del animal tendrá que contratar y mantener en vigor un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros de una cuantía de 100.000 euros, que tendrá que estar vigente durante toda la vida del animal, independientemente de la raza.

Habrá un plazo de 6 meses desde la entrada del real decreto para contratar dicho seguro y se establece que los seguros de hogar que incluyan esta casuística serán válidos.

El texto del borrador plantea además que las administraciones públicas se hagan cargo provisionalmente de cualquier animal de compañía confinado en un recinto abierto o en una finca que pueda encontrarse en situación de riesgo por no haber sido atendidas sus necesidades básicas por parte de la persona titular o responsable.

La habilitación de este procedimiento específico para rescatar animales desatendidos en fincas significa que la autoridad local competente en cada territorio podrá trasladar al animal a un centro de recogida para que sea atendido de forma provisional, mientras se tramita el procedimiento de abandono.

Por otra parte, la propuesta de Derechos Sociales plantea además modificar la normativa vigente para los denominados como "perros potencialmente peligrosos", que cuentan con una normativa específica.

El objetivo es que las razas con esta consideración puedan dejar de tenerla si el animal supera una prueba de aptitud a la que deberán someterse a los 12 meses de edad.

Asimismo, se plantean registros de forma centralizada para criadores, núcleos zoológicos y entidades de protección animal, con la propuesta de que todas estas figuras sean gestionadas por las comunidades autónomas, y con el objetivo de luchar contra el intrusismo profesional que afecta al bienestar de los animales.

Con este propósito, se crea el Sistema Central de Registros para la Protección Animal, para coordinar la información de los registros autonómicos y asegurar su interoperabilidad para la elaboración de la Estadística de Protección Animal.