Las entidades del sector de la discapacidad y la dependencia en Andalucía han llegado al límite y han anunciado un calendario de movilizaciones para los próximos meses. Tras años de reivindicaciones y gestiones infructuosas con el Gobierno andaluz, la situación financiera de muchas de estas organizaciones ha alcanzado un punto de no retorno. Marta Castillo, presidenta de CERMI, que agrupa a las principales asociaciones del sector, ha sido tajante en declaraciones a eldiario.es: “Nos estamos acercando a una situación muy grave para las personas con discapacidad en Andalucía”.
En una asamblea celebrada recientemente, CERMI aprobó una serie de acciones reivindicativas que comenzarán en octubre, con concentraciones en las sedes de las entidades afectadas. El malestar del sector creció tras el encuentro del 11 de septiembre entre los representantes de CERMI y el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno. Durante la reunión, Moreno alabó la labor de estas entidades, pero fue claro al explicar que no podía atender las demandas debido a las limitaciones financieras del gobierno andaluz, que asegura estar "al tope de sus capacidades" en sectores como la sanidad, la educación y los servicios sociales.
Sin embargo, las asociaciones sin ánimo de lucro que gestionan los centros que atienden a más de 700.000 personas con discapacidad en Andalucía no se sienten escuchadas. Según Marta Castillo, “la situación económica es preocupante”, ya que la falta de financiación amenaza la supervivencia de muchos centros. La presidenta de CERMI advierte que, sin una mejora en la financiación, algunos servicios esenciales dejarán de prestarse, afectando directamente a las personas con discapacidad.
Uno de los principales problemas es la falta de cobertura de plazas en los centros de día. “El sistema no funciona y lo peor es que de esto están haciendo un relato político”, resume otra fuente del sector. “Las plazas de centros de día no se cubren. La Junta nos está dando largas de todo tipo. Es la ruina para nosotros. Nos acreditan plazas y después no las conciertan pese a que hay demanda. Hay un tapón administrativo y la situación es muy delicada. Hay familias que llevan esperando desde 2022. El Gobierno quiere generar desesperación para que se vayan a la privada”, denuncia un portavoz de un centro de personas con discapacidad en Sevilla. La situación ha llegado a tal extremo que muchas familias están desesperadas y se ven obligadas a recurrir a servicios privados, una opción que no todos pueden permitirse.
El gobierno andaluz, por su parte, presume de haber aumentado el coste por plaza en un 4,5% para este año, con efecto retroactivo desde mayo. Sin embargo, las entidades del sector consideran que este aumento es insuficiente para hacer frente a las subidas salariales y otros gastos derivados de los convenios laborales, que superan el 12%. Además, critican que la actualización del coste por plaza se haga en función de la disponibilidad presupuestaria y no de las necesidades reales de atención que presentan las personas con discapacidad.
La primera fase de las movilizaciones comenzará este mes de octubre, con concentraciones en diferentes puntos de Andalucía. Si las demandas del sector no son atendidas, se prevé una gran manifestación el próximo 3 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Esta movilización sería la primera de tal magnitud organizada por el sector en Andalucía.
Mientras tanto, el presidente Moreno ha insistido en que la financiación de la dependencia debe ser un esfuerzo compartido entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Según Moreno, Andalucía no está recibiendo el 50% de la financiación que le correspondería del Estado para cubrir estos servicios, a pesar de que es la comunidad que más porcentaje recibe, con un 18,74%, por delante de Catalunya y Madrid.
