El Sindicato Profesional de Justicia (SPJ-USO) de Andalucía ha reprochado a la Junta, que preside Juan Manuel Moreno Bonilla, por no dar el mismo trato salarial a los funcionarios de Justicia andaluces transferidos, como el que reciben sus compañeros que trabajan en otras comunidades autónomas gobernadas también por el Partido Popular.
La organización sindical ha "denunciado la gestión económica" del consejero José Antonio Nieto al frente de la consejería de Justicia desde hace más de tres años, por haber "relegado a los últimos puestos de la escala retributiva al personal de Justicia andaluz, un colectivo que soporta la mayor carga de trabajo del territorio nacional".
El malestar sindical ha aumentado después de que la semana pasada la Secretaría de la Consejería de Justicia decidiera suspender a última hora una reunión con los representantes de los funcionarios en Sevilla, donde se debía de comenzar a tratar temas salariales por el aumento de las funciones que los más de 9.000 empleados transferidos realizan en las distintas sede judiciales de las ocho provincias andaluzas.
A esta Mesa de Diálogo, CSIF, UGT y SPJ-USO iban a presentar a la Junta de Andalucía un borrador de negociación con propuestas económicas y organizativas para el personal de Gestión Procesal, Tramitación, Auxilio Judicial y Médicos Forenses, destinados en los órganos judiciales, fiscalías y Registros Civiles.
Las organizaciones sindicales viene reclamando también la devolución de dos pagas extraordinarias detraídas a los funcionarios en los años de las crisis (2013-2014).
El SPJ-USO asegura que las diferencias salariales vienen desde hace años, por la implantación de la carrera profesional, u otros conceptos asimilables, en territorios que están gobernados por el Partido Popular, como son Galicia o Valencia.
A ello se suma, añade el sindicato, las recientes subidas retributivas de este año que el colectivo de Justicia ha alcanzado no sólo en los territorios dependientes del Ministerio de Justicia (unos 11.000 trabajadores de los 45.000 de categorías similares en el resto de España), sino también los incrementos que están registrando los funcionarios en otras tantas comunidades gobernadas por el Partido Popular con competencias de Justicia transferidas.
"Ello ha terminado por relegar las nóminas del personal de Justicia andaluz a la cola de la escala retributiva desde una nefasta comparativa con el resto del territorios. Poniendo sobre la mesa el hecho de que el personal de Justicia andaluz sigue soportando la mayor carga de trabajo del territorio nacional, tal y como ya ha anunciado Lorenzo del Río, presidente del TSJA, en la memoria correspondiente a 2023", sostiene el sindicato.
CUESTIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONSEJERO
SPJ-USO cuestiona en un comunicado la gestión económica de José Antonio Nieto al frente de la Consejería de Justicia de Andalucía, "por cuanto ni sus actuaciones ni sus inercias acompañan las mejoras que están aconteciendo recientemente en territorios del mismo signo, tales como la comunidad de Madrid, La Rioja o Canarias. No es de entender, por tanto, que, frente a la carga laboral que el personal de Justicia soporta, y a la vista de la actual coyuntura de subidas generalizadas, Andalucía sea castigada porque Nieto no vea lo que en su día vieron y siguen viendo sus homólogos de cargo y de signo en Galicia, Valencia, Madrid o la Rioja".
Para el sindicato, frente a este "clima de hundimiento salarial que padece el personal de Justicia de Andalucía, José Antonio Nieto se jacta y publica a bombo y platillo que 'el presupuesto de Justicia, Administración Local y Función Pública haya crecido un 7% y supera por primera vez los 900 millones'.
Finalmente, el sindicato vuelve a cuestionar los programas de gestión, como @driano, ya que, "hoy por hoy hacen aguas", así como la renovación de infraestructuras y edificios judiciales postergada hasta el infinito; todo ello mientras los funcionarios de Justicia andaluces se mantienen entre los peores pagados de España.
SPJ-USO concluye recordando que el Consejo General del Poder Judicial anunció hace pocos meses que la litigiosidad en los órganos judiciales andaluces aumentó un 6,5% en el primer trimestre de 2024.
