El Consejo de Gobierno de la Junt ade Andalucía ha autorizado un gasto de casi 23 millones para que la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública saque a licitación la gestión de un Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) en Málaga con 50 plazas para la reeducación de jóvenes que cumplen medidas judiciales.

El importe previsto es de 22.981.067 euros para prestar este servicio entre el 1 de febrero de 2025 y el 31 de enero de 2029, con posibilidad de prorrogar el contrato un año más, ha informado la Oficina de comunicacion de la Junta.

La Junta tiene las competencias para garantizar la ejecución de las medidas que establecen los juzgados de menores, tanto privativas de libertad como de medio abierto.

Actualmente, Andalucía cuenta con 13 CIMI (701 plazas en total) para el cumplimiento de las medidas de internamiento, todos ellos gestionados a través de contratos administrativos con entidades especializadas en la reeducación y reinserción social de los menores infractores.

Málaga es la única provincia que carece de un centro de estas características, por lo que los menores de la provincia con medidas judiciales de internamiento las cumplen en los CIMI más próximos a su domicilio. Por ello, la Consejería de Justicia sacará a licitación la contratación de un CIMI en Málaga por el procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

La entidad adjudicataria deberá contar con instalaciones adecuadas para 23 plazas masculinas, 15 femeninas y 12 de internamiento terapéutico para chicos, así como disponer de los medios materiales y humanos para llevar a cabo el programa de reeducación de los menores infractores mientras cumplen las medidas judiciales.

La Consejería de Justicia, dentro de su planificación estratégica de la Justicia Juvenil, equilibra las plazas disponibles, ya que la pasada legislatura se puso en marcha un nuevo centro en Granada (el CIMI Genil), con el que también se amplió el número de plazas en esta provincia, tanto de chicos como de chicas.

Los jueces de Menores pueden establecer que el internamiento sea en régimen cerrado, abierto, semiabierto o terapéutico, en el caso de jóvenes con problemas de adicciones o trastornos de conducta.

Los CIMI cuentan con equipos multidisciplinares de educadores, psicólogos y trabajadores sociales, entre otros profesionales, que trabajan con estos jóvenes de manera integral.