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Andalucía

Hijos y nietos representan a más de cien fallecidos en el caso Espírito Santo en Portugal

De promedio, cada perjudicado perdió unos 200.000 euros

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  • Portugal. -

Más de un centenar de afectados por la quiebra hace una década del Banco Espírito Santo (BES) han fallecido antes del comienzo del juicio en Portugal, a mediados de octubre, y ahora son sus hijos o nietos quienes les representan en un proceso aún en marcha, que no se espera que termine antes de finales de 2025.

El abogado Nuno Vieira defiende a la mayoría de víctimas -que son actualmente alrededor de 2.000 personas- y explicó en declaraciones a EFE que desde 2014, cuando la entidad colapsó, han muerto 104. La media de edad de los damnificados que siguen vivos ronda los 67 años.

La mayoría tenía invertido el dinero en valores inmobiliarios que el banco ponía a disposición de los clientes "sin que estos tuvieran la información financiera necesaria para entenderlos", aseguró Vieira.

De promedio, cada perjudicado perdió unos 200.000 euros.

Los clientes del BES firmaban esos documentos porque confiaban en sus gestores y la reputación del banco, que ofrecía este tipo de productos "de una forma muy particular", como señaló el letrado, con nombres sugerentes, como 'Poupança Plus' (ahorro plus en español).

Los usuarios creían que eran cuentas de ahorro, pero en realidad se trataba de fondos de inversión con acciones y bonos.

Cuando los clientes querían sacar su dinero del banco, los gestores solían aconsejarles que lo mantuvieran en esos fondos para que siguiera produciendo intereses y les ofrecían un préstamo con los valores inmobiliarios como garantía.

En el momento en que el BES es intervenido por el Banco de Portugal, esas personas se quedaron sin sus ahorros y "se vieron obligadas a pagar a Novobanco (la entidad que absorbió la parte buena del Espírito Santo) los préstamos que habían pedido", explicó el abogado.

Es el caso del padre ya fallecido de Ana Corina Texeira de Abreu, que murió sin saber que tenía esa deuda con el banco, heredada por sus hijos y su viuda.

Ese emigrante portugués en Venezuela tenía 15 millones de dólares ingresados en la entidad, 10 de ellos invertidos en títulos inmobiliarios, pero cuando quiso sacar el dinero del banco, su gestora le recomendó no tocarlo y a cambio concederle un crédito por el valor de esos productos.

En el país latinoamericano el BES tenía muchas sucursales por la gran cantidad de clientes lusos que allí residían.

Texeira de Abreu, de 52 años y farmacéutica de profesión, dijo a EFE en una conversación telefónica desde la isla portuguesa de Madeira, donde ahora reside, que los cinco millones que no estaban invertidos en títulos inmobiliarios sirvieron para pagar parte de la deuda, que actualmente asciende a 4 millones de euros: "Y la estoy pagando por segunda vez, porque lo he perdido todo".

Sobre la posibilidad de recuperar su dinero gracias al macrojuicio, esta denunciante admitió que, aunque quiere tener esperanza, cree que el dinero ya está perdido.

Janet da Silva Pereira es presidenta de la Asociación de Víctimas Emigrantes en Venezuela y Sudáfrica (ALEV), y como Texeira de Abreu, pertenece a la segunda generación de afectados, ya que su padre murió el año pasado sin ver "ni un sólo céntimo de los ahorros que tenía en el banco".

Eran 270.000 euros invertidos en títulos inmobiliarios, que le vendieron a su progenitor, que tenía principio de alzhéimer, como si de una cuenta de ahorro se tratara, al igual que le ocurrió a muchos. "La gestora le dijo, no se preocupe señor Elirio, que usted va a tener el dinero en doce meses", rememoró.

Mucha gente pensaba que su dinero produciría un interés del 4%, algo que "en el año 2013 era una oportunidad porque estábamos pasando por una crisis en Europa", señaló Silva Pereira, que es administradora de viviendas.

Sin embargo, al año siguiente se produce la caída del BES, momento en el que ella se enteró de que en realidad esas acciones y bonos pertenecían a empresas del Grupo Espírito Santo, que estaban en quiebra.

De acuerdo a los datos de ALEV, ascienden a 240 millones de euros los ahorros de clientes particulares que todavía no se han recuperado en un proceso que continúa y en el que, en muchos casos, son los descendientes de los propietarios fallecidos quienes mantienen la esperanza. 

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