La Inspección de Trabajo ha requerido a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, que adopte medidas concretas para garantizar la seguridad y salud de trabajadores y usuarios de la sede judicial de Marbella, situada en la avenida Mayorazgo.
El edificio alberga los juzgados de Instrucción, Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal (Forense), y desde hace meses los sindicatos vienen quejándose de la inseguridad que supone para los trabajadores y el público que acude, el estado actual de estas dependencias oficiales.
De hecho, el pasado verano se produjo el encierro de un policía nacional, junto a un detenido, en uno de los ascensores que se averió. El elevador se detuvo y durante cerca de 30 minutos estuvo bloqueado entre dos plantas, por lo que se tuvo que llamar a los Bomberos.
Ahora, la Inspección de Trabajo ha elaborado, tras una denuncia del sindicato CSIF-Justicia, un informe sobre las condiciones del inmueble, cuyos medios materiales dependen del departamento que dirige el consejero de la Junta, José Antonio Nieto.
En noviembre de 2023, el sindicato ya alertó de los graves incumplimientos en materia preventiva en este centro. Por ello, la Inspección de Trabajo ha fijado el 28 de febrero de 2025 como fecha tope para que se acometan estas actuaciones, necesarias para garantizar la seguridad y salud de personas trabajadoras y usuarias que acuden a estas dependencias.
La Central Sindical Independiente de Funcionarios denunció entonces "los graves incumplimientos en materia de seguridad" detectados en esta sede, que carece de los medios preventivos necesarios en caso de incendio, así como de medidas que garanticen la seguridad y movilidad para personas con discapacidad funcional establecida en la normativa.
Por ello, la Inspección de Trabajo ha requerido a la Junta que "proceda a instalar nuevos ascensores", después de comprobar que uno de los dos había permanecido meses sin funcionar por una avería. La Junta sacó a concurso en 2021 la sustitución de los dos elevadores, licitación que quedó desierta.
Hace unos días, en una reunión del Comité de Seguridad y Salud de la Delegación territorial de Justicia de Málaga, la Administración regional informó a los sindicatos sobre un nuevo proyecto con un aumento de 67.000 euros y que eleva el total a 240.000 euros, cuyo plazo de presentación termina este jueves al tramitarse por la vía de urgencia.
SIN ESCALERA ANTIINCENDIOS
CSIF denunció además que el edificio de cinco plantas carece de escalera antiincendios, por lo que en el caso de producirse un siniestro, tanto trabajadores como público general, correrían un enorme riesgo puesto que estas dependencias llegan a albergar hasta 250 personas diariamente en horas punta. La evacuación solo sería posible por la única escalera que dispone el inmueble.
El sindicato también se quejó ante la Inspección de los cortes eléctricos y subidas de tensión, así como de que el cuadro eléctrico está situado en uno de los archivos, que alberga decenas de expedientes de papel en cajas y sin un extintor. Por ello, Trabajo ha dado un plazo de cinco meses para corregir estas situaciones, que para CSIF es fruto de "años de abandono" por parte de la Administración regional.
