Málaga
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"Defenderé a los compañeros para que tengan un trato correcto por parte los jueces"
Flor Carrasco Gómez, candidata a decana en las elecciones al Colegio de Abogados de Málaga, plantea la dignificación del oficio de la abogacía
La letrada malagueña, hasta hace semanas vicedecana, reivindica el incremento de la retribución por ejercer el turno de oficio de sus compañeros
Ha formado parte de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Málaga durante años, y hasta hace unas semanas era la vicedecana del mismo. Tras la marcha de Salvador González, anterior decano y hoy presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Flor Carrasco Gómez (Málaga, 1969) ha decidido presentarse a las elecciones de la Abogacía Malagueña con el objetivo de dar un giro "con coraje" al funcionamiento del Colegio.
Uno de los retos que se han fijado los miembros de su candidatura, que dicen "no representar a los grandes despachos", es que por primera vez sea una mujer la que se ponga al frente de un órgano colegial en Andalucía, donde hasta la fecha ninguna fémina lo ha logrado. Carrasco es doctora en Derecho, y profesora universitaria de la UMA, está especializada en la jurisdicción civil y en su trayectoria figura la distinción del Premio Laurel, otorgado en 2015 por el sindicato policial SUP.
-Mujeres en la cúspide del Poder Judicial, de las Audiencias Provinciales, en Tribunales Superiores o en Colegios de Abogados en otras provincias españolas, pero en Málaga hasta ahora ninguna. ¿Qué reflexión le merece?
-Es cierto que otras compañeras se han presentado en anteriores ocasiones, pero no llegaron al decanato. Somos la mitad de los miembros asociados en el Colegio de Málaga. Tenemos méritos y aptitud para el puesto, pero no se ha llegado todavía. De hecho, en la última Junta de Gobierno que presidió Salvador González hemos sido más mujeres que hombres.
-¿Ha existido machismo a la hora de votarlas?
-Puede que sea una de las claves por las cuales se nos ha impedido romper ese techo. Confío en que ahora que nos presentamos tres abogadas de los cuatro aspirantes al decanato, se pueda cambiar esta circunstancia. En el actual proceso electoral hay más posibilidades numéricamente.
-Dos, Regina Apalategui y usted, proceden de la última Junta de Gobierno. ¿Son ustedes las 'candidatas del oficialismo'?
-Yo he manifestado que nuestra lista supone un giro a la actual política del Colegio en materias como la posición frente al problema de la Mutualidad de la Abogacía y el acceso a una jubilación digna. Pretendemos ser una 'ruptura' respecto a la posición que se ha mantenido en los últimos años por parte del anterior equipo. Queremos tener mayor sensibilidad sobre este tema.
-Pero usted estaba como vicedecana en esa Junta, que no apoyó abiertamente este movimiento reivindicativo, lo que sí se ha producido en muchos colegios de España...
-He de decir que mi posición cuando estaba dentro era de disentir frente a la opinión mayoritaria. Quizás habría que preguntar al resto de integrantes por qué no apoyaron abiertamente los planteamientos para impulsar la integración en el Régimen de Trabajadores Autónomos (RETA). Ahora, si salimos elegidos, pretendemos dar un giro a lo mantenido hasta ahora por la última Junta de Gobierno del Colegio. Espero que la persona que salga elegida para estar al frente del Colegio, esté en la calle con el resto de compañeros tratando de buscar una solución al problema de la Mutualidad.
-¿Cómo cree que se puede plantear la integración de los abogados al RETA, y las cuotas que han pagado a la Mutualidad de la Abogacía estos años atrás, para tener una jubilación digna?
-Creo que los años de cotización a la Mutualidad tienen que tenerse en cuenta. Otra cuestión es la cantidad aportada por cada colegiado. Además, se deberían de aplicar otros criterios como, por ejemplo, los servicios que hemos prestado algunos letrados al turno de oficio, que es un servicio que hemos prestado a la sociedad. Ese trasvase al Régimen de Autónomos ante todo debe de ser justo.
-Pero algunos sectores profesionales piensan que hay que recibir según se haya cotizado. Y si han cotizado bajo, ¿por qué a los abogados hay que elevarles las bases de cotización para mejorar sus pensiones futuras?
-Pues porque hemos trabajado en el turno de oficio y no se ha tenido en cuenta esta aportación social, ni se computa actualmente. Se nos tienen que reconocer esos años como si se tratase de una relación laboral especial con la Administración. Algunos abogados han estado 25 años en el turno y es justo que esto se les reconozca en el acceso a una jubilación digna. Si salimos elegidos, no solo vamos a ponernos detrás de una pancarta, sino a encargar un estudio riguroso para poder defender nuestros derechos ante las administraciones públicas.
-¿Se debe de pagar más por el turno de oficio?
.-Por supuesto. Es vergonzoso lo que se nos paga. Y si los abogados andaluces nos comparamos con los que ejercen el turno en Cataluña, Navarra o el País Vasco más aún está justificado este incremento. No es posible que a igual trabajo, los letrados malagueños no tengamos la misma retribución que los de otros territorios. Ellos perciben, en algunos casos, hasta dos veces más que nosotros.
-Pero es la Junta de Andalucía la que paga por este servicio que prestan.
-Evidentemente estas cantidades están transferidas y es una reivindicación que vamos a hacer. La Justicia requiere de medios y fondos, y nuestro servicio es fundamental. ¿Qué pasaría si se parase el turno de oficio? ¿Nadie ha pensado en ello? Al final los abogados estamos con nuestro esfuerzo realizando un trabajo que, en algunos casos, el cliente no nos lo abona pese a que es solvente y está cometiendo un fraude. En este sentido, en nuestro programa se recoge el compromiso del Colegio de Abogados de reclamar judicialmente a aquellos clientes con solvencia económica que no paguen a los compañeros del turno de oficio. Y pensamos, además, que el órgano colegial debería asumir algunas de las tareas administrativas para el ejercicio de esta prestación, de tal modo que los abogados se dediquen exclusivamente a defender a los afectados. Para ello, parte de los fondos que se reciben de las administraciones serían utilizados en este sentido.
RELACIÓN JUDICATURA Y ABOGADOS
-¿Debería limitarse el acceso al grado de Derecho para las futuras promociones?
-Ya hay notas de corte en las universidades. Soy profesora en la UMA, y pienso que el mercado está regulando las matriculaciones en la universidad. Para las nuevas generaciones, la abogacía no es una opción profesional prioritaria de futuro. Para los jóvenes, sin embargo, sí lo es tener una plaza de funcionario. Quizás porque la abogacía es una salida sacrificada. Cuando empecé a ejercer, hace veinte años, sí era una preferencia. Hoy es un riesgo como salida laboral, y ser abogado ha dejado de tener ese carácter romántico. Es un oficio que debería de estar más protegido y aquí los colegios deberíamos de decir algo más. Nosotros aspiramos a que desde la futura Junta de Gobierno defendamos más también este tipo de aspectos.
-Si sale elegida decana, ¿cómo se plantea las relaciones entre la judicatura y los abogados?
.-De forma constructiva. Pero hay algo que voy a defender a capa y espada, y es la dignidad de los compañeros que en ocasiones perciben que el trato que reciben de los jueces no es del todo correcto. Muchos colegiados me han expresado que el trato que reciben debe de mejorar, porque piensan que no está acorde con el ejercicio profesional que representan. Y en esto quiero ser absolutamente beligerante. Las relaciones entre ambos operadores jurídicos han de ser exquisitas, y deben de mejorarse en nuestro día a día porque percibimos un descontento.
-¿Cómo debería afrontarse el colapso judicial por el número de expedientes que se registran en Málaga?
.-Esta es una cuestión que está conllevando una merma económica a nuestros despachos. Hay juzgados en los que se tarda hasta dos años para registrar la admisión de una demanda. ¿Cómo es posible ésto y que se normalice en nuestra provincia? Se está produciendo en jurisdicciones como la civil, pero también la laboral o en contencioso-administrativo. Son juzgados que están perfectamente identificados por los compañeros, que entienden que no están haciendo bien su trabajo, y por ello se hace necesario que el Poder Judicial intervenga.
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