La Audiencia Provincial de Málaga ha ordenado repetir la vista oral contra un hombre, empleado en una empresa anti ocupación de viviendas, al que se le atribuye un presunto delito leve de lesiones por empujar a una joven, familiar de un individuo al que se pretendía echar de una vivienda de Fuengirola en el verano del año pasado.
El hombre fue condenado en octubre pasado por el Juzgado de Instrucción número 1 de dicha localidad, pero la Sección Novena de la Audiencia de Málaga ordena ahora repetir el juicio después de estudiar el recurso presentado por la defensa del guarda, que alegó indefensión.
En el fallo se dejaba probado que el día 23 de junio de 2024, sobre las 1:30 horas, la víctima se encontraba en la vivienda de su hermano M. en la que se estaba produciendo un desalojo por parte de la empresa 'Exit Okupas', para la que trabajaba el denunciado.
En un momento dado, la mujer "recibió un fuerte empujón por parte de éste que la hizo caer al suelo", impidiéndole acceder al domicilio del hermano. La denunciante sufrió lesiones para las que necesitó de 7 días de curación, uno de ellos impeditivo.
En la sentencia recurrida se condenaba al empleado como autor de un delito de lesiones, previsto en el artículo 147 del Código Penal, imponiéndole la magistrada de Instrucción número 1 de Fuengirola la pena de 40 días de multa a razón de 6 euros diarios, a lo que se añadía también una indemnización para la víctima por responsabilidad civil de otros 240 euros por las lesiones sufridas, además del pago de las costas judiciales.
RECURSO DE APELACIÓN
Sin embargo, la Audiencia Provincial, tras el recurso de apelación del empleado, declara la nulidad de la sentencia de instancia por entender que "no fue citado personalmente a juicio", motivo por el que no compareció a la vista oral pese a que desde el Juzgado de Instrucción se le advirtió telefónicamente para la fecha de celebración del mismo, y la obligación de comparecer como denunciado, aportando los medios de prueba que interesase para su defensa.
Su abogado alegó que aunque él sí había sido avisado, su cliente personalmente no, por lo que se produjo una vulneración del derecho constitucional a la defensa y de una tutela judicial efectiva, solicitando la nulidad del juicio por falta de citación del denunciado. La Sección 9 de la Audiencia lo acepta y ordena que se proceda a un nuevo enjuiciamiento de los hechos y declara las costas de oficio.
La empresa para la que trabaja el denunciado ha sido contratada desde hace cinco años por propietarios que tratan de recuperar sus viviendas de inquilinos que no pagan o de ocupantes ilegales. Sus intervenciones se han realizado en Torremolinos, Benalmádena, Alhaurín de la Torre, Marbella, Fuengirola, Mijas, Cártama o Málaga capital.
