No ha cumplido todavía un año de estar al frente de la coordinación de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) de Málaga, antes denominados secretarios judiciales, y Pablo Jiménez-Villarejo Fernández (Málaga, 1971) no para de tener sorpresas distintas a las propias de su labor habitual. La última, el apagón eléctrico del pasado 28 de abril, que dejó paralizadas decenas de comunicaciones en los órganos judiciales de toda la provincia malagueña. Y unos días antes, la detención de un secretario judicial sustituto de Marbella, al que la Policía le acusa de apropiarse de más de 15 millones de euros en criptomonedas depositados bajo su control tras una entrada y registro. "Este tipo de noticias hacen mucho daño a la profesión, pero demuestra que hay mecanismo de control internos", insiste, al tiempo que apunta que se ha solicitado apartarle inmediatamente de sus funciones.
-.¿De qué modo les ha afectado el apagón eléctrico de hace una semana?
.-Como a la totalidad de la administración pública. Todos los juzgados han tenido no solo suspendidas las comunicaciones a abogados y procuradores, sino también la posibilidad de confeccionar los escritos de autos, diligencias, sentencias o decretos y las certificaciones de firma de los letrados. Esta incidencia se sumó a los problemas de funcionamiento que nos lleva dando la aplicación @driano, el sistema procesal implantado por la Junta de Andalucía el pasado año. Hemos tenido que suspender los plazos para la presentación de los escritos, sin que los abogados o procuradores tengan que justificar la causa, puesto que el apagón ha sido una incidencia de relevancia nacional. En los juzgados de Guardia, en algunos casos, los letrados han firmado de su puño y letra, como hacía tiempo que no se recordaba. Las máquinas de escribir antiguas fueron sustituidas hace décadas por los ordenadores, así que la paralización por falta de suministro ha sido prácticamente total.
-.Sorprende que empresas como Mercadona tengan generadores, que han permitido disponer de corriente eléctrica y pagar con tarjeta en caja, y muchas administraciones públicas se hayan quedado a oscuras o colapsadas.
.-Pues efectivamente, es una reflexión que tenemos que hacer en la Justicia. Si los hospitales o algunas comisarías disponen de este tipo de equipos, debemos asumir que somos un servicio público básico y tenerlo en cuenta, sobre todo cuando hay que adoptar decisiones vía electrónica sobre detenciones, encarcelamientos u órdenes de alejamiento inmediatas. No es normal que la Ciudad de la Justicia se tuviera que desalojar porque saltaron las alarmas, y los funcionarios que estaban teletrabajando dejaran de estar operativos también. Si los secretarios no paramos durante la pandemia, hay que arbitrar recursos para que una incidencia tan grave, como es un apagón eléctrico, tenga los menores efectos posibles en los juzgados.
-.Las sedes de Málaga y de Andalucía están en fase para la implantación de los nuevos Tribunales de Instancia. ¿Qué va a suponer para su trabajo?
.-La ley de Eficiencia Organizativa, que entró en vigor este año, comporta un cambio radical en el funcionamiento de la justicia como no ha existido en decenios. Al personal, ya sean jueces, LAJ, o funcionarios, nos va a requerir un cambio tanto en la mentalidad como en la estructura de funcionamiento del trabajo. Pero también para los abogados, procuradores y a los ciudadanos, ya que vamos hacia una Justicia en la que se prime la eficacia como servicio público administrativo. No puede ser que en un juzgado se presente una demanda y se resuelva en un año, y en otro órgano judicial, que está en la misma localidad y es de la misma jurisdicción, se resuelva en tres. La nueva ley pretende aplicar el modelo europeo, para que España se adapte a los sistemas de la estructura de la justicia que rige en Europa. De hecho, se ha tomado incluso la denominación que tienen en países como Francia, Italia o Alemania.
-.¿Y cómo quedarían los juzgados unipersonales de Instrucción, Primera Instancia o Contenciosos?
.-En cada uno de los 11 partidos judiciales de la provincia de Málaga existirá un Tribunal de Instancia, presidido por un juez o magistrado. Temporalmente, los presidentes de estos tribunales serán los jueces decanos, hasta que se fije su renovación y periodo del cargo. En los pueblos pequeños, como Archidona, Torrox o Antequera, Ronda o Coín, serán Tribunales de Instancia mixtos (Primera Instancia e Instrucción). En esta primera fase en la que estamos ahora, estarían también Vélez-Málaga y Estepona, con seis juzgados mixtos. Para la fase II, que entra el 1 de octubre, se adaptarán los tribunales de Torremolinos, Fuengirola y Marbella, que contarán, en estos dos últimos casos, con tres secciones de Instancia compuestas por una Civil, otra Instrucción y la de Violencia sobre la Mujer. Torremolinos se quedará con un Tribunal de Instancia integrado por dos secciones.
-.Y para la capital, ¿para cuándo sería la implantación de los nuevos tribunales?
.-Málaga entra en la fase III, a partir del 31 de diciembre de este 2025, con una complejidad mayor dado el número de juzgados que existen en la ciudad (con 85 plazas judiciales de magistrados). Entre ellos se encuentran, además de los de Instrucción y Primera Instancia, los de lo Penal, Social, Familia, Mercantil, Menores, Mujer, Vigilancia Penitenciaria y Contencioso-administrativo. Cada sección de estos Tribunales de Instancia contaría con sus respectivos magistrados y personal que hay que fijar.
-.Esta adaptación de los 166 letrados o secretarios judiciales de la provincia de Málaga, ¿cómo hará?
.-La ley orgánica recoge cómo será la Nueva Oficina Judicial (Numo) en la que existirá un Servicio Común de Tramitación, con un Laj director, mientras que el resto de letrados judiciales que hay ahora se distribuirán el trabajo de los expedientes civiles, penales o contenciosos. Este nuevo modelo está planificado para trabajar en equipo y agilizar los expedientes siguiendo esquemas que ya están implantados en las empresas privadas. Está claro que puede haber dificultades en sus comienzos, pero habrá que superarlas aplicando criterios de racionalidad de medios, con los que contamos en la actualidad. Al igual que para los jueces, la ley establece reuniones para unificar criterios jurisprudenciales, y para los letrados se tendrán que concretar aspectos de admisión de las demandas o, por ejemplo, de tasación de costas para que no exista una disparidad de un juzgado a otro como hemos visto en España.
CONSENSO DEL MODELO ORGANIZATIVO
- ¿Pero este modelo organizativo está consensuado con los operadores jurídicos?
.-La reforma de esta nueva estructura se ha venido anunciando con tiempo y muchos de los Colegios de Abogados ya la conocen. Está claro que podrá haber 'resistencia al cambio' en algunos sectores, pero es un modelo que desde la UE se está reclamando desde hace tiempo para mejorar la Administración de Justicia en España. Es verdad que podemos partir de cero en algún caso, no solo a nivel organizativo sino de mentalidad, al no haberse implantado la anterior Oficina Judicial del 2009 en muchos partidos judiciales de Andalucía estos últimos años. Y los LAJ vamos a estar en medio de la tramitación de los expedientes judiciales, por lo que tenemos una gran responsabilidad para que este nuevo sistema de los Tribunales de Instancia funcionen a pleno rendimiento y con diligencia.
-.Los funcionarios se quejan de que este modelo les supondrá más trabajo y sin retribución aparejada.
.-Lo que el Ministerio ha dicho es que no van a perder poder adquisitivo y, al contrario, los que asuman jefaturas de equipo previsiblemente van a ver aumentadas sus retribuciones, lógicamente. Se está elaborando una relación de puestos de trabajo por la Junta de Andalucía, que es la que tiene las competencias traspasadas. El resto de las reclamaciones salariales entran dentro de la negociación colectiva con la Consejería de Justicia, en la que los letrados judiciales no entramos puesto que nosotros dependemos del Ministerio.
-.En este sentido, ¿qué le parece que los funcionarios de Andalucía sean los únicos de toda España que no hayan recuperado las dos pagas extras del 2013 y 2014 que la Junta les quitó por la crisis?
.-Es una reclamación lógica y en equidad deberían de cobrarlas si el resto de funcionarios de Justicia de otras comunidades autónomas la han recuperado ya. Y eso no es ir en contra de la Junta de Andalucía. Está claro que este tipo de problemas salariales no resueltos influyen en el ambiente de trabajo. Por otro lado, la huelga de los funcionarios se ha cerrado en falso, puesto que no han logrado lo que se pretendía. Ha quedado ese resquemor y es palpable en las sedes judiciales. Además, en Málaga este problema se acrecienta por la carga de trabajo, al tener más asuntos de tráfico mercantil, de turismo o procedimientos de delincuencia internacional. Todos son muy superiores a la de los juzgados de otras provincias andaluzas y españolas. Estamos infradotados, y ello genera mayor malestar laboral, también por un estado de pendencia importante. Los funcionarios de Justicia de Málaga, de todos los niveles, están muy estresados, porque se quiere resolver asuntos, que a veces son muy complejos, pero no se puede por la falta de medios. La provincia está por encima de la media de España, e históricamente ha estado muy mal dotada en cuanto al personal y sedes.
DOS AÑOS DE LA HUELGA DE SECRETARIOS
-.Hace ahora dos años de la huelga de secretarios. ¿Se han resuelto los problemas laborales con el Ministerio de Justicia?
.-Se consiguieron algunas de las reivindicaciones, muchas de ellas muy antiguas, ya que asumimos por servicio público competencias de los jueces con la reforma del año 2009, pero otras reclamaciones más profesionales siguen sin solución. Se fueron dejando atrás, primero por la crisis económica, y luego por la pandemia. Y ahí estamos.
-.¿Cómo está el proyecto de ampliación de la Ciudad de la Justicia de Málaga?
.-Ahora estamos al límite de su capacidad y la Junta de Andalucía lo conoce. Precisamente uno de los retos de los nuevos Tribunales de Instancia no solo es la reorganización de funciones dentro de la oficina judicial, sino generalizar el expediente electrónico para tener más espacio en los juzgados. Actualmente en Málaga sólo hay 4 órganos, los de Familia, que son los únicos que disponen de este expediente, accesible a todos los operadores jurídicos. No podemos estar con un trasiego continuo de papeles físicos de un juzgado a otro.
-.¿El sistema de teletrabajo está siendo eficaz en la Administración de Justicia?
.-En mi opinión sí, aunque hay funcionarios que por la naturaleza de sus funciones no pueden asumirlo. Es el caso de los cuerpos de auxilio judicial, que realizan las grabaciones de los juicios o envían citaciones por correo postal. Está demostrado que trabajar en tu domicilio, si no tienes interrupciones constantes, es más beneficioso para sacar el trabajo. En un juzgado, siempre tienes a abogados, procuradores o justiciables que acuden para preguntar y ello genera ralentización en las tareas. La experiencia demuestra que con unos medios tecnológicos adecuados se sacan más expedientes con el teletrabajo. No obstante, en el caso de los letrados judiciales no tenemos regulado expresamente esta opción y por tanto no podemos teletrabajar. El Ministerio no nos lo tiene permitido sin unas razones objetivas, cuando en la práctica sí que realizamos en el despacho oficial la mayoría de las actuaciones judiciales tecnológicamente. Perfectamente se pueden seguir los juicios desde casa, pagar las cuentas o controlar la ejecución de penas y medidas por el sistema Siraj. Es un agravio que desde nuestro Cuerpo Superior no se entiende.
-.La inteligencia artificial ya ha entrado en algunos ámbitos de la administración pública. ¿Es partidario?
.-Lo soy de la tecnología siempre que exista un orden y un control de la persona que lo realiza. La IA no puede eliminar la capacidad de cualquier operador jurídico. No solo se trata de copiar sentencias o autos. Los documentos judiciales no pueden ser elaborados artificialmente y sin contexto de lo que se está solicitando a la justicia. Hay recursos que se presentan en los que se puede detectar que aplican jurisprudencia de Colombia, porque la inteligencia artificial no discrimina respecto a las jurisprudencias. En estos momentos muchos juzgados están saturados de 'demandas masa', con copia y pega de casos similares hechos con ayuda de la IA. Ello nos puede conducir a errores graves en su aplicación. Los tribunales y la Administración de Justicia deben controlar todo esto, para que no se escape del control humano y genere efectos indeseables, puesto que la justicia no es la aplicación mecánica de las leyes. Hay otros factores y circunstancias que los jueces deben tener en cuenta.
