La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se imponga una fianza de responsabilidad civil de 3,5 millones de euros a la expresidenta del consejo de administración de la empresa de Dos Hermanas (Sevilla) Aceitunas y Conservas (Acyco) Encarnación Poto Monge, imputada dentro de la investigación por los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.      Así, Poto Monge ha comparecido este miércoles ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, y se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar, ya que, según ha explicado su propio letrado a los periodistas, "procesalmente no es el momento para prestar declaración".      Al comienzo de su comparecencia, la magistrada le ha preguntado si estaba instruida en torno a los hechos que se le imputan en el presente procedimiento, a lo que la exresponsable de Acyco ha contestado que sí, por lo que no ha sido necesario que se lean los hechos que se le imputan, y que están recogidos en un auto dictado en el mes de enero.      Durante la comparecencia de medidas reales, Anticorrupción ha solicitado que se le imponga una fianza de responsabilidad civil de 3,5 millones de euros por los daños y perjuicios que podría haber causado, a lo que el PP, personado como acusación, se ha adherido, mientras que el abogado de la Junta también se ha adherido aunque con "alguna modificación" en la cantidad solicitada.      De su lado, el sindicado Manos Limpias no se ha posicionado y lo ha dejado abierto al criterio de la propia juez instructora, postura compartida por algunos de los abogados de imputados en el procedimiento, han apuntado letrados presentes en la comparecencia.   LOS HECHOS QUE LE IMPUTA      La juez imputa a Poto que fue incluida en el ERE de la empresa "cuando no llegó a extinguir su relación laboral" con la misma, llegando a cobrar incluso 318.455 euros en dietas por asistir a los consejos de administración entre los años 2004 y 2010.      Pese a ello, según la magistrada, cobró sus prestaciones por desempleo desde el 19 de agosto de 2003 hasta el 18 de agosto de 2005 y las prestaciones relativas a su prejubilación derivadas de dos pólizas, subrayando la juez que "resulta indiciariamente acreditada la continuidad de su relación laboral con la empresa en virtud de las importantes cantidades percibidas en concepto de dietas".      A todo ello se suma que la imputada solicitó una ayuda excepcional para mantener 144 puestos de trabajo de la empresa "cuando en realidad dicha ayuda era para el pago de la minuta del despacho Garrigues, a cuyo pago habían sido condenados" por medio de una sentencia.      A las 13,30 horas está citado el director de Recursos Humanos y abogado de Acyco, Gabriel Barrero, aunque su declaración como imputado podría adelantarse después de que Poto Monge se haya acogido a su derecho a no declarar.