Las defensas de cinco policías locales del municipio malagueño de Mijas y de un sexto acusado de aprovechar su condición de agentes de la autoridad para, supuestamente, apropiarse de droga y traficar con ella, han pedido este miércoles la nulidad de las intervenciones telefónicas y de lo que se deriva y han alegado la "ilegitimidad" del inicio de este procedimiento.
Las acusaciones, es decir, ministerio fiscal y Ayuntamiento de Mijas, se han opuesto a las cuestiones previas planteadas por los letrados y han pedido la declaración del agente de la Guardia Civil que dirigió la investigación y que se añada la petición de 20 años de inhabilitación para los policías. El Tribunal de la Sección Primera ha acordado suspender el juicio para resolver las alegaciones.
Los abogados defensores han alegado que se dan los requisitos para la nulidad de las escuchas que tienen su origen, han indicado, en otras anteriores de otro procedimiento, y todo ello no está en esta causa y, por tanto, han señalado, la Sala no tiene conocimiento de las mismas. Han precisado que "la ausencia de datos para poder juzgar la legitimidad de las primeras intervenciones" conlleva dicha nulidad.
Además, han argumentado falta de motivación de las resoluciones donde se acordaron las intervenciones y las prórrogas y falta de control judicial. Uno de los letrados ha apuntado que la causa es en su origen "contraria a los derechos fundamentales, no sólo por las escuchas, sino porque nunca debió incoarse", al proceder de otro procedimiento ya existente.
Así, ha indicado que "se pide a la nueva autoridad judicial que vuelva a valorar lo que otro ya ha valorado", en referencia al caso del que procede esta causa y de donde se extrajeron las escuchas telefónicas. Asimismo, ha solicitado la nulidad de las transcripciones que "no son resultado de intervenciones telefónicas acordadas".
Según el escrito inicial del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los cinco agentes, detenidos en noviembre de 2009 y suspendidos a raíz de este procedimiento, se aprovechaban de "su condición de funcionarios de la Policía Local de Mijas, la posibilidad de utilización de uniformes, armas, documentos y vehículos oficiales".
Inicialmente, el fiscal señala que usaban la información recibida "en su función de reprimir la delincuencia" y, supuestamente, se presentaban de forma sorpresiva y "sin ponerlo en conocimiento de sus superiores e intentando eludir todo control por parte de éstos" en operaciones de desembarco o tráfico de droga y provocaban la huida de los narcotraficantes, que abandonaban el alijo.
Así, "podían apropiarse y lucrarse con el producto de su venta", según señala la acusación pública, que precisa el supuesto papel de cada uno de los cinco agentes y apunta que "tras algunas operaciones fallidas o que no se pueden acreditar", en noviembre de 2009 se habría llevado a cabo una, en la que se intervinieron, según el atestado, más de 163 kilos de hachís.
Se les acusa de un delito contra la salud pública y las penas solicitadas para los acusados oscilan entre los seis años y nueve meses de prisión para el principal procesado, considerado el responsable del grupo, y los cuatro años de cárcel para el acusado que no es agente. Para todos los policías, las acusaciones han añadido este miércoles la petición de 20 años de inhabilitación.
