La Audiencia Provincial de Sevilla ha acordado dejar en libertad bajo fianza de 600.000 euros a la exdirectiva de Vitalia María Vaqué, imputada en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta a la que la juez Mercedes Alaya envió a prisión el día 23 de marzo tras ser detenida en el marco de la operación 'Heracles' desarrollada por la Guardia Civil.
Fuentes del caso han informado a Europa Press de que la Sección Séptima de la Audiencia Provincial ha dictado un auto en el que estima parcialmente el recurso presentado por la defensa de la imputada contra el auto de prisión dictado por la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla y la deja en libertad bajo fianza de 600.000 euros al entender que "no existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas".
La decisión de la Audiencia Provincial, que corrige la adoptada en su día por la magistrada, se conoce en una semana en la que tanto el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, como el del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, han mostrado su preocupación por el retraso en la instrucción del caso ERE.
Moliner llegó a decir que no ve "normal ni aceptable" dicho retraso, aunque quiso dejar claro que, "por ahora", no se ha planteado la posibilidad de abrir un expediente disciplinario contra la instructora, que además de los ERE investiga otras 'macrocausas', como las irregularidades en la venta de los suelos de Mercasevilla y el delito societario cometido supuestamente en la lonja, y la causa contra Manuel Ruiz de Lopera por presunto delito societario y apropiación indebida en su gestión en el Betis.
Vaqué, que se encuentra en la cárcel de Sevilla-I y para la que la Fiscalía Anticorrupción pidió una fianza de responsabilidad civil de 258 millones de euros, fue una de las siete personas a las que la juez Alaya mandó a prisión dentro de la operación 'Heracles', que se encuentra bajo secreto de sumario y que investiga el supuesto cobro de 'sobrecomisiones' por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas con los expedientes de regulación de empleo.
Así, y además de a Vaqué, la juez Alaya envió a la cárcel a los también exdirectivos de Vitalia Antonio Albarracín y Eduardo Pascual; al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero; al 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas; a su cuñado, Ismael Sierra, y al presunto 'testaferro' de los ERE Eduardo Leal del Real.
A todos ellos los mandó la juez Alaya a prisión sin fianza a excepción del supuesto 'testaferro' y del cuñado de Juan Lanzas, a quienes impuso una fianza de 50.000 euros que fue abonada por éste último para abandonar la prisión.
LA JUEZ ALAYA SÍ APRECIÓ RIESGO DE FUGA
Vaqué fue detenida por la Guardia Civil y compareció el 23 de marzo pasado ante la magistrada, quien le imputó, al igual que a Eduardo Pascual, sendos delitos continuados de cohecho, malversación, falsedad en documento mercantil y prevaricación, así como delitos contra la hacienda pública y asociación ilícita.
En un auto consultado por Europa Press, la juez Alaya ordenó el ingreso en prisión sin fianza de la exdirectiva de Vitalia al entender que existía riesgo de fuga y de que abandonara España --riesgo que ahora descarta la Audiencia Provincial-- y de que pudiera entorpecer la instrucción de la causa "ejerciendo presión sobre otros imputados o testigos que ya han declarado a fin de intentar que los mismos se retractaran en aquellas manifestaciones que pudieran incriminarlos".
Estas "medidas de presión podrían verse facilitadas por los medios de riqueza de los que dispone", decía la juez en un auto en el que solicitó al director de la cárcel de Sevilla-I que "tome las medidas oportunas para evitar la comunicación" de Vaqué con Guerrero y Juan Lanzas, también internos en dicho centro penitenciario.
SOBRECOMISIONES
En el auto por el que ordenaba la prisión de Vaqué y Pascual, la juez puso de manifiesto que ambos "llevarían el control personal de lo que acontecía" en Vitalia, señalando que las "sobrecomisiones" cobradas por la consultora en relación a las pólizas de los ERE habrían causado "un enorme perjuicio a la Hacienda Pública andaluza".
Así, y a juicio de la juez, Vitalia "obtuvo los medios suficientes para presuntamente corromper de manera continuada a cargos de la Administración autonómica", aunque no detalló los altos cargos de la Junta que habrían sido 'sobornados' por Vitalia y sólo citó el nombre de Guerrero como el único que ha sido "acreditado indiciariamente hasta el momento".
