El gasto público no es realmente el problema. Siempre he defendido que es un damnificado más de la crisis, pero no su causante. Este hecho que defiendo con vehemencia viene respaldado por los datos de gasto de las Administraciones Públicas españolas. En su totalidad, las administraciones gastan aproximadamente el 45% del PIB, frente a una media europea que es muy superior, en al menos 4 puntos.
Dicho esto, no quiero que entiendan que estas líneas suponen una férrea defensa del gasto público per se. El hecho de que no sea la causa de la crisis económica actual no implica que no deba trabajarse en su reducción y mayor eficiencia. Recordemos que nada es gratis, y que todo lo que el Estado y resto de las administraciones españolas gastan deben salir de algún lado, o bien impuestos, contra ingresos actuales, o bien deuda, contra ingresos futuros. Por lo tanto, en un entorno de recesión, no es factible quedarse impasible observando cómo los actuales servicios públicos no son asumibles por unas familias y empresas españolas extenuadas.
Pero lo peor no está en el hoy, sino en el mañana. Aunque en la actualidad, como he afirmado, es cierto que los gastos de las administraciones españolas no son excesivamente elevados, sí lo serán en el futuro cercano. Eso si no se evita. Las proyecciones de gasto en el futuro colocan a España como el país con mayor gasto público de las Unión Europea para 2050.
Algunos economistas no quieren ver esta posibilidad, pero hasta un niño de primaria lo entendería con apenas quince minutos de clara exposición. Veamos. Pongamos que hoy nacen, como en los últimos veinticinco años, pocos niños, pero que hace 40 ó 50 lo hicieron en mucha mayor intensidad. Esto implica que en unos veinte o treinta años los que tengamos más de sesenta y cinco seremos casi la mayoría. Esto implica una carga para el estado brutal.
Dos son los canales por donde se colará esta mayor presión en los gastos. En primer lugar las pensiones. Mayor número de pensionistas significa más pensiones. No es difícil verlo. Mayor peso del colectivo de pensionista significa mayor carga para los que cotizan. Tampoco es difícil verlo. Por último, mayor crecimiento de la productividad de aquí a que esto ocurra significa mayores salarios, mayores cotizaciones y mayores pensiones, por lo que tampoco es difícil entender que la apelación a la mejora de la productividad para justificar inacción en el terreno de las pensiones es ingenua.
En segundo lugar el gasto sanitario se disparará. No sólo porque seremos más los que acudamos a la sanidad pública (o privada) sino porque además los tratamientos serán cada vez más caros. Recientemente, expertos en la investigación sanitaria nos hacían ver que los esfuerzos por erradicar enfermedades aún mortales implicaban más gasto que en décadas pasadas y por lo tanto precios mayores para los tratamientos que se derivasen. La tradicional apelación a una ley económica muy antigua: los rendimientos marginales decrecientes.
Por lo tanto, es absolutamente necesario no sólo una reforma de las Administraciones públicas de gran calado, sino además en el sistema de pensiones y en el gasto sanitario. Se lo debemos a las generaciones futuras, ya que debemos no sólo ser solidarios con quienes conviven con nosotros sino con aquellos que en su día nos pagarán los servicios que tanto anhelamos. Si quieren verlo de esta manera, cambiemos todo para que nada cambie, o al menos, lo menos posible.
