La Junta de Andalucía adeuda a 13 ayuntamientos de la provincia de Cádiz más de dos millones de euros en concepto del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICES). El impago corresponde a todo el ejercicio 2013 y afecta tanto a las liquidaciones que se concretan en un único recibo anual, como a las que se desglosan en dos semestres. Los 13 ayuntamientos afectados han encomendado la gestión del cobro de este tributo al Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de Diputación.

Desde la institución provincial se constatan los perjuicios causados por la demora de estos pagos. Tardanzas que no son nuevas: precisamente hace un año –en enero de 2013- el presidente de Diputación, José Loaiza, ya reclamó a la Junta que resolviera sus débitos con los municipios gaditanos en relación a los BICES. Hace un año la deuda, referida a los años 2011 y 2012, superaba los 3´6 millones de euros.

Las cantidades adeudadas alteran las previsiones de ingresos de los Ayuntamientos. En algunos casos las cuantías son muy significativas como sucede con el municipio de Alcalá de los Gazules –al que la Junta adeuda más de medio millón de euros-, Arcos –casi 400.000 euros-, Los Barrios –casi 300.000-, Castellar –más de 200.000- o El Gastor, con casi 200.000 euros.

El trastorno para las arcas municipales se reduce gracias al circuito económico establecido entre Diputación y los Ayuntamientos que han encomendado la gestión de sus tributos a la institución provincial. Diputación libra anticipos a los Ayuntamientos en base a la estimación de ingresos fiscales de los municipios. Esos anticipos se financian con créditos bancarios concertados anualmente por la institución provincial. Y, gracias a esas pólizas, los municipios consiguen liquidez para afrontar sus obligaciones en plazo.

El impuesto sobre los BICES se calcula sobre infraestructuras especiales que, en este ámbito municipal, grava los embalses, presas o saltos de agua.