La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha imputado al presidente de Unicaja, Braulio Medel, al expresidente de El Monte José María Bueno Lidón y a otros miembros del Consejo Rector de la agencia pública IDEA, antigua IFA, por un presunto delito continuado de prevaricación y malversación, incluido delito continuado de falsedad, por las ayudas concedidas al grupo empresarial encabezado por José Enrique Rosendo y José María Sayago.
La juez Mercedes Alaya ha dictado un auto con fecha de 13 de mayo, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que ha imputado a más de una quincena de miembros de dicho Consejo Rector como José María Bueno Lidón, Braulio Medel, Juan Carlos Soriano, Manuel López Casero, Jesús Nieto González, Juan Paniagua Díaz, Francisco García Martínez, Rafael Herrera, Francisco del Río Muñoz, Ana María Peña, Ángel Garrido, Isabel de Haro, Pilar Rodríguez López, José Domínguez Abascal, Joaquín Moya-Angeler, y Felipe Romero Lubia.
Igualmente, la juez amplía la imputación del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá y el exdirector de la Agencia Idea Jacinto Cañete. También pide que se tome declaración en calidad de imputados a Francisco Mencía Morales, Miguel Ángel Serrano Aguilar, Jesús María Rodríguez, Pablo Millán y Juan Vela Quiroga.
La juez ha citado a declarar a los 25 entre los días 19 y 23 de mayo, destacando que el día 19 irán a declarar Francisco Javier Guerrero y Antonio Fernández, entre otros, y el día 21, Braulio Medel y Bueno Lidón.
En el auto, Alaya explica que tras las declaraciones policiales de Mencía Morales y Serrano Aguilar, quienes fueran directores generales de IDEA, se abre un capítulo, dentro de la investigación de las subvenciones concedidas por la Junta a las empresas de Rosendo y Sayago, que concierne al papel desempeñado por la agencia y por consiguiente por la Consejería de Innovación en el proceso "no solo de materialización y ejecución, sino de concesión de subvenciones a empresas del programa 31L de la Consejería de Empleo".
Considera necesaria la práctica de diligencias para investigar el funcionamiento del Consejo Rector y determinar e individualizar la conducta concreta y el grado de responsabilidad de algunos de los aforados señalados en el auto de fecha 18 de diciembre de 2013, que integraron el Consejo, en su condición de presidente o vocales. En este punto, indica que dentro de estas diligencias se encuentran las declaraciones como testigos de Mencía Morales y Serrano Aguilar, quienes reconocieron que eran "conscientes de que las ayudas autorizadas por ellos y por el Consejo Rector eran ayudas directas que debían haber seguido el procedimiento legal de subvenciones".
Por ello, Alaya imputa a Mencía Morales, Serrano Aguilar y Jacinto Cañetes, directores de la agencia entre 2003 y 2009, un presunto delito continuado de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial. Según el auto, los dos primeros serían partícipes del falseamiento del Presupuesto de IFA/IDEA, presupuestando gastos inexistentes para permitir el sistema de transferencias de financiación a la Consejería de Empleo.
Mencía, según recoge el auto, "a sabiendas de la ilegalidad", firmaría 124 convenios que sumarían 115.213.406,06 euros. "Gran parte de estas ayudas favorecerían injustamente a la Sierra Norte y a determinados grupos empresariales, entre ellos el de los señores Rosendo y Sayago".
Por su parte, Serrano, quien suscribió un total de 42 convenios por importe de 210.950.928,39 euros, "fue conocedor y partícipe de las importantes irregularidades de las ayudas directas y sociolaborales que se gestionaban entre la agencia y la Dirección General de Trabajo".
Sobre Jacinto Cañete, la juez expone que fue, "al igual que los anteriores, indiciariamente conocedor y responsable del falseamiento del presupuesto de IDEA".
Por otro lado, indica que en la misma calificación jurídica de delito continuado de prevaricación y malversación, incluido delito continuado de falsedad, pues a ellos les compete la aprobación de la propuesta de anteproyecto de presupuesto de IFA/IDEA, podrían incardinarse los hechos que se imputan a los siguientes integrantes del Consejo Rector: José María Bueno Lidón, Braulio Medel, Juan Carlos Soriano, Manuel López Casero, Jesús Nieto González, Juan Paniagua Díaz, Francisco García Martínez, Rafael Herrera, Francisco del Río Muñoz, Ana María Peña, Ángel Garrido, Isabel de Haro, Pilar Rodríguez López, José Domínguez Abascal, Joaquín Moya-Angeler, y Felipe Romero Lubia, Jesús María Rodríguez Román, Francisco Javier Guerrero, Antonio Fernández y Agustín Barberá.
A estos cuatro últimos se citarán también ante la ampliación de los hechos que ya le fueron imputados en su día. Del mismo, Alaya recoge que en virtud de los hechos acaecidos en el periodo 2001-2008 en relación a la elaboración de la propuesta de anteproyecto de presupuestos de IFA/IDEA se debe tomar declaración como imputados a los directores de Finanzas Pablo Millán Márquez y Juan Vela Quiroga. En este sentido, recuerda que ya se ha recibido declaración judicial de Antonio Diz-Lois Ruiz.
El auto recoge un análisis de las 32 actas del Consejo Rector de IFA/IDEA entre los años 2001 y 2008 y se detiene en la composición de dicho Consejo en dos etapas, entre enero de 2001 y abril de 2004 y de abril de 2004 hasta la actualidad. Así, examina, con orden cronológico, la actuación de cada uno de los presidentes y vocales del Consejo.
En el caso concreto de Braulio Medel, presidente de Unicaja, el auto señala que de las 32 sesiones analizadas solo asistió a tres a lo largo de siete años, con una media de diez sesiones por año. En las tres sesiones citadas se le informaría de cinco convenios suscritos con la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y votaría a favor de la autorización de dos convenios. Se ausentaría en 29 ocasiones, de las cuales en 27 ocasiones delegó su representación en el presidente, votando por consiguiente a favor de la firma de 39 convenios.
Por ello, Alaya recoge que "llama poderosamente la atención que se le mantuviera en el cargo durante tanto tiempo, no asistiendo habitualmente a las sesiones, de lo que cabe inferir que su actuación por delegación sería cómoda y buscada a propósito".
