La juez que investiga, entre otras 'macrocausas', el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha ordenado este martes a la Guardia Civil "retener" el teléfono móvil a un periodista del diario 'La Razón' porque creía, erróneamente, que le había grabado con dicho dispositivo.
Según ha podido comprobar Europa Press, el redactor de dicho rotativo se encontraba en los juzgados del Prado de San Sebastián cubriendo la información relacionada con el caso ERE hasta que, en un momento dado, el teléfono móvil se le quedó sin batería, por lo que lo puso a cargar en un enchufe ubicado a unos metros del despacho que ocupa la juez Mercedes Alaya.
Una de las funcionarias del Juzgado de Alaya se percató de la presencia del teléfono móvil y preguntó de quién era, a lo que el periodista de 'La Razón' contestó que era suyo, tras lo que pasados unos segundos salió la juez de su despacho y, con el teléfono móvil y el cargador en las manos, se dirigió al redactor preguntándole si era suyo.
El periodista le contestó afirmativamente y le explicó que el teléfono móvil estaba apagado y que lo estaba cargando, pero entonces la magistrada le "abroncó" y le cuestionó si no había más enchufes en el edificio donde cargar el móvil que no estuvieran cerca de su despacho.
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El periodista le explicó que era el enchufe más cercano al lugar donde él se encontraba en ese momento y, además, precisó que la mayoría de los enchufes del edificio de los juzgados del Prado de San Sebastián no funcionan, una realidad que comprueban día tras día los profesionales que ejercen su labor en dicho edificio.
No obstante lo cual, la instructora fue a buscar a la Guardia Civil encargada de la vigilancia del inmueble y le ordenó analizar el contenido del teléfono móvil del periodista, ya que creía que podía haber grabado con el mismo una conversación que la juez mantenía con otra persona mientras el móvil, que ha estado apagado en todo momento, se estaba cargando.
Así, un agente fue a buscar al redactor y lo llevó a las dependencias del Juzgado de Guardia, donde, tras pedirle que se identificara por medio de su DNI, puso a cargar el teléfono hasta que se encendió y la Guardia Civil pudo comprobar que, efectivamente, el profesional no había grabado conversación alguna de la juez.
