El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha criticado este martes las "interpretaciones sesgadas y torticeras" que se están haciendo sobre las exoneraciones a cursos de formación y el listado hecho público por la Junta de Andalucía en el día de ayer y ha retado al resto de Administraciones a publicarlas en tanto en cuanto son mecanismos "legales" que contempla la Ley General de Hacienda Pública.
Así lo ha asegurado Vázquez en la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Gobierno que el Ejecutivo andaluz ha celebrado tras el periodo vacacional y en la que ha insistido, junto al consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, en que "exonerar" no es eximir de justificación a las empresas que recibieron ayudas o subvenciones públicas para la formación.
"Exonerar no significa que no se justifique, sino que puede concurrir a la siguiente convocatoria. Pero que tiene que justificar la subvención anterior, seguro. Es que se está dando un significado que no es el que tiene, porque justificar hay que justificar", ha precisado el portavoz del Gobierno.
Además, ha querido dejar claro que la publicación ayer del listado de las exoneraciones se debe únicamente a un "ejercicio de transparencia" que la Junta ha querido hacer por "voluntad" de la propia presidenta, Susana Díaz, que no quiere "que haya ningún elemento que pueda ser utilizado en contra del buen nombre de este Gobierno".
Por ello, ha animado también a otras administraciones del Estado, regionales y locales "a hacer lo mismo" y publicar sus respectivas exoneraciones en un "gesto de transparencia" y de "voluntad de abrir puertas y ventanas" como el realizado ayer por la Junta cuando colgó en su página web la resolución del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) sobre exceptuaciones relativas a ayudas al empleo que concedió en diciembre de 2012 y que recibieron más de 1.100 entidades (entre personas físicas y jurídicas de todo tipo, desde ayuntamientos a sindicatos pasando por empresas u ONG).
Cuestionado por los periodistas sobre si esta publicación puede considerarse un "golpe de efecto" tras publicarse en prensa que el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del PSOE-A, José Fernández de los Santos, es uno de los beneficiarios de estas exoneraciones, Vázquez ha asegurado que "para nada" es este el motivo y ha lamentado que se esté "criminalizando" a las entidades a las que se concedieron exoneraciones.
"Si hay algo irregular, quien lo haya hecho que lo pague. Pero que no se criminalice ni a la comunidad autónoma, ni al gobierno andaluz, ni al conjunto de empresas, entidades y corporaciones políticas que hayan participado en esos cursos", ha argumentando para incidir en que en la publicación del listado no ha influido el que "haya aparecido una empresa de un militante socialista" cuya actuación, según ha defendido, "ha sido legal". "Se presentó a la convocatoria cumpliendo los requisitos y había justificado en tiempo y forma los cursos de formación", ha añadido.
Preguntado sobre por qué el PSOE-A ha suspendido de militancia al exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda (cuyas empresas también fueron exoneradas por cursos de formación) y no a Fernández de los Santos, Vázquez se ha limitado a recordar que la presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A ya ha dicho "que la respuesta del partido con Ojeda ha sido ante la existencia de dinero en paraísos fiscales". "Eso es impropio de un socialista, por eso se ha actuado. En todo lo demás, tendrá que demostrar la justicia que es cierto. Nosotros no vamos a quitarle a nadie su presunción de inocencia", ha zanjado.
LA JUNTA, A LA "OFENSIVA"
Pese a ello, el portavoz del Gobierno andaluz ha insistido en que "la Junta es el principal interesada en que pague quien haya hecho algo" y que, por eso, "va a estar todos los días en colaborar con la justicia".
Es más, Vázquez ha advertido de que "este gobierno va a ir a la ofensiva" a la hora de "perseguir" a quienes hayan cometido una irregularidad porque "no tiene nada que ocultar".
Cuestionado sobre por qué la Junta está revisando los expedientes de las subvenciones a empresas para cursos de formación sólo a partir del año 2007 en adelante, el consejero de Educación ha tomado la palabra para aclarar que se podían haber "remontado a cualquier tiempo" pero que fue a partir de entonces y hasta 2013 cuando ha habido "unos expedientes que no habían sido objeto de control y verificación".
No obstante, ha dicho que esos expedientes aún hoy "están en tiempo y forma de verificarse" y, por tanto, "no han caducado" ni prescrito. Sobre el plazo que hace unas semanas dio para terminar la revisión de todos estos expedientes --diciembre de 2015--, el consejero ha querido precisar que esa es "la fecha límite" pero que espera que se termine "antes".
