No es sólo en el caso de San Fernando. Es, salvo honrosas excepciones, en todos aquellos en los que los políticos tienen algún tipo de responsabilidad, generalmente inherente al cargo. Ante cualquier escándalo que surja, nadie conjuga el verbo dimitir, generalmente bajo la explicación de que antes de irse quieren dejar las cosas claras en defensa de su honor y en defensa de todo lo que haya que defender. Y puede que desde algún punto de vista esa postura pudiera interpretarse como un signo de honradez, de valentía ante los hechos. Pero no es menos cierto que desde otros, la interpretación no sea otra que la dimisión no es práctica común en los políticos, salvo si es forzada, y a pesar de la evidencia de sus responsabilidades. Porque lo realmente lógico sería que ante un escenario de sospechas, los más cercanos a las posibilidades de un autor material deberían estar lo más alejados posible. Desde ya. Y eso no atenta contra la presunción de inocencia.