La portavoz del grupo popular, María José García-Pelayo, se mostró “sorprendida” y “preocupada” por unas informaciones aparecidas recientemente en las que se daba por hecho que ya existía un comprador para estos inmuebles, una operación que serviría para financiar la construcción de la nueva Comisaría.
A nivel local se ha registrado una interpelación, mientras que el diputado Aurelio Romero ha hecho lo propio con una iniciativa en la que se pregunta al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, sobre esta presunta operación.
La alcaldesa, Pilar Sánchez, aseguró por su parte que, a fecha de hoy, “no hay ni compradores” y, por supuesto, “nada firmado”. Al mismo tiempo, la primera autoridad municipal garantizó el cumplimiento estricto de la “legalidad” en un proceso que requiere en primer lugar de la desafectación de los edificios y su posterior salida a subasta pública.
Pilar Sánchez explicó además que actualmente se está redactando el proyecto para el derribo de los edificios que aún se mantienen en pie de la desaparecida cárcel de La Asunción, sobre cuyo solar se alzará la nueva Comisaría.
En ese espacio será compartido por el Cuerpo Nacional de Policía y la Policía Local. El objetivo que se han marcado tanto el Ayuntamiento como el Ministerio del Interior es que la construcción del complejo sea una realidad “con el menor coste posible”.
De ahí precisamente que se vaya a optar por la venta de los inmuebles ya existentes. En el caso concreto de la Comisaría de la plaza del Arroyo, Pilar Sánchez recordó que se trata de un edificio “protegido”, lo que condiciona sus futuros usos. “Interior conoce perfectamente la calificación que tiene ese edificio”, apostilló.
