La Oficina del Defensor del Menor de Andalucía, dirigida por Jesús Maeztu, ha abierto una actuación de oficio dirigida a la Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de Educación ante "los graves problemas de inseguridad" en un instituto de Gines por unas obras paralizadas, expediente con el que quiere conocer la situación en la que se encuentra el centro y las medidas que, de forma urgente, se hayan adoptado o se adopten para solucionar estos problemas.

   En el texto de la queja, consultado por Europa Press, la Defensoría apunta que a través de la prensa ha tenido conocimiento de que desde el Departamento de Educación Física del IES El Majuelo, de Gines, se había enviado una carta a los padres de los aproximadamente 1.300 alumnos que diariamente acuden a dicho centro, poniéndoles en conocimiento de "los graves problemas de seguridad" existentes en el recinto como consecuencia de la situación en la que se encuentran las obras del gimnasio, paralizadas, al parecer, desde febrero de 2013.

   Así, la institución apunta que tirando de hemeroteca, ha conocido que, tras veinte años de reivindicaciones por parte de la comunidad educativa de este centro docente para que se construyera un gimnasio cubierto, fue en febrero de de 2012 cuando se licitaron las obras de construcción por un importe de 423.682 euros que dieron comienzo en el mes de agosto de ese mismo año.

   No obstante, el Defensor explica que seis meses después --en febrero de 2013-- se decidió su paralización por motivos de seguridad, como consecuencia de un fuerte viento que, según parecía, había afectado a la estructura del edificio. Posteriormente, analizada la situación, se licitaron nuevamente las obras, con un incremento de 105.000 euros sobre el presupuesto inicial, estando prevista la continuación para noviembre de 2013 y su culminación para el curso 2014-2015.

   Sin embargo, desde el Defensor del Menor de Andalucía señalan que dichas obras "nunca se han reanudado, por lo que en la actualidad siguen paralizadas", y, tal como se ha señalado desde el propio centro docente, "suponiendo ello un grave riesgo para la seguridad e integridad física del alumnado del centro".

   De este modo, la institución señala que teniendo en cuenta toda esta información y ante la posibilidad de que "se estén conculcando los derecho a la integridad física y derecho a la educación, respectivamente, así como los derecho a una educación de calidad y a la necesidad de contar con la infraestructura y medios materiales y humanos necesarios para su consecución en igualdad de condiciones" considera justificado iniciar, de oficio, este expediente.