El pleno extraordinario celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Isla Cristina ha rechazado la petición de PSOE y PA de retirar del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) realizado por el Consistorio y que ha dejado en la calle a 80 empleados municipales.
Así, la sesión monográfica ha concluido con el rechazo del equipo de Gobierno (PIF, PP y CxI), a esa iniciativa presentada por los dos grupos de la oposición, PSOE y PA, quienes solicitaban que se buscasen vías alternativas y así evitar el ERE y los despidos.
El pleno, el cual ha sido tenso y al que han asistido una treintena de empleados afectados y sus familias, ha concluido con el rechazo del equipo de Gobierno a la medida, pero resulta destacable que dos concejales, uno del PIF y otra de CxI se han abstenido alegando que son trabajadores municipales. La concejal y portavoz de CxI, Montserrat Márquez, es trabajadora municipal y además ha sido ocho años edil socialista en los dos anteriores equipos de gobierno presididos por María Luisa Faneca, siendo incluso concejala de Economía y Hacienda.
En la sesión había dos turnos de palabra. En el primero de ellos solo han intervenido los portavoces del PSOE y PA, Julio Suárez, y Francisco Zamudio, respectivamente, rehuyendo el debate el resto de portavoces, que sí tomaron la palabra en el segundo turno.
Los portavoces de los distintos grupos municipales han intervenido en este pleno, en el que ha habido cruce de declaraciones y reproches, principalmente entre el PA y la alcaldesa, Antonia Grao (PIF).
Por su parte, el portavoz del grupo municipal del PSOE, Julio Suárez, ha lamentado "las formas" con las que se ha abordado todo el proceso del ERE, asegurando que "no han sido las idóneas", al tiempo que ha defendido la importancia de buscar otras fórmulas para afrontar la situación económica en lugar del ERE. Ha preguntado por los criterios aplicados en este expediente, pero "no hemos tenido respuesta", ha explicado a Europa Press.
Del mismo modo, Suárez ha asegurado que como consecuencia del ERE se va a crear una bolsa de empleo al objeto de que si el Consistorio requiere de mano de obra llame a los afectados por el expediente, pero la misma se dará por concluida dentro de dos años, es decir, "un año antes de las próximas elecciones municipales", por lo que teme que en ese periodo se puedan realizar contrataciones de "simpatizantes" de otros partidos.
Además, ha apuntado que el criterio para seleccionar a los afectados responde a "motivos políticos" ya que, por ejemplo, hay cuatro concejales que trabajan en el Consistorio, "dos del equipo de gobierno que no están afectados y dos de la oposición que sí".
Por su parte, el portavoz del PA en el Consistorio, Francisco Zamudio, ha reprochado a Grao su postura, al tiempo que le ha recordado que como edil en la oposición "levantó la mano" para muchas de las cuestiones que ahora critica que se llevaron a cabo.
La portavoz de Ciudadanos por Isla Cristina, Montserrat Márquez, ha querido dejar claro que formó parte del anterior equipo de gobierno (formado por PSOE y PA), pero que "da la cara" y ha sostenido que este hecho puede "ayudar al actual equipo". Ha criticado a Zamudio porque "cuando gobernaba se hizo un ERE".
En esta misma línea el portavoz del PP, Francisco González, ha hecho alusión a la situación heredada, incidiendo en que el actual equipo de gobierno ha tenido que "asumir responsabilidades". "Hay que reflotar el Consistorio para poder salvar al resto de empleados y seguir prestando los servicios para los más de 21.000 habitantes", ha dicho.
Finalmente, la alcaldesa de Isla Cristina, Antonia Grao (PIF), ha criticado la gestión del PSOE y PA en la anterior legislatura, así como ha recordado a Zamudio que "en 2012 se despidieron a un total de 52 trabajadores pero poco a poco", lo que supone "un ERE encubierto".
En la recta final del pleno la alcaldesa hizo realidad las amenazas que había estado lanzando durante toda la sesión contra los afectados que asistieron como público y ordenó a la Policía Local a desalojar de la sala a dos mujeres.
DEMANDA COLECTIVA PARA “TUMBAR” EL ERE
La Plataforma de Afectados por el ERE ha presentado este mismo jueves una demanda colectiva en los juzgados de lo social contra el expediente regulador, con el principal objetivo de “tumbarlo definitivamente”. Así lo señaló a preguntas de los periodistas tras el pleno el portavoz de dicho colectivo, Isaac Rodríguez, quien detalló que la denuncia ha sido interpuesta conjuntamente con USO, sindicato mayoritario en el Consistorio, ante las “numerosas irregularidades que se han cometido en el proceso del ERE”, así como por el “oscurantismo” en su tramitación.
Rodríguez también subrayó la “falta de facilidades para la negociación”, así como la “ausencia de propuestas alternativas a los despidos”, a la par que calificó la medida como un “sinsentido” y “una persecución claramente política, donde quien piensa distinto que la alcaldesa se ha ido a la calle”.
Del mismo modo calificó los criterios para los despidos como “totalmente arbitrarios y distintos según cada afectado”, a lo que añadió que “por poner un ejemplo hay hasta tres casos de matrimonios que trabajaban en el Ayuntamiento, cuyos dos cónyuges han sido despedidos”.
También criticó la “falta de explicaciones” del equipo de Gobierno durante el pleno, ya que “solo han hecho referencia a un pasado del que formaron parte algunos de sus integrantes”. En este punto se refirió claramente a la exedil socialista Montserrat Márquez (ahora portavoz del partido independiente Ciudadanos por Isla que forma parte del equipo de Gobierno), quien según sus palabras “fue ocho años concejala socialista, llevando áreas tan importantes como la de Economía y Hacienda”; o a la propia alcaldesa, la cual “fue desde la oposición la concejala número trece durante algunos tramos de los mandatos de María Luisa Faneca a cambio de determinadas contraprestaciones”.
Por último afirmó que desde la Plataforma de Afectados “no se descarta que muy pronto haya más despidos, en esta ocasión entre los funcionarios interinos”.
