Los padres objetores en contra de la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC), lejos de rendirse, continúan con su batalla, tanto judicial como social, para conseguir que se les reconozca su derecho “a la elegir la educación que le queremos dar a nuestros hijos”. Así lo expresó ayer Guillermo Carrero Blanco, portavoz de la plataforma de familias objetoras de El Puerto de Santa María. Su asociación, junto a las otras cuatro de la provincia mantuvieron ayer un encuentro con representantes del PP de Cádiz para hacerles llegar su “malestar” por “el tratamiento que estamos recibiendo del gobierno andaluz”.
La vicepresidenta del PP en la cámara andaluza, María José García Pelayo, se posicionó junto a los padres asegurando que “los niños en los coles no están teniendo una vida fácil”, refiriéndose con esto a los hijos de los padres objetores.  Según Pelayo, “el gobierno socialista se está retratando, porque está demostrando que no dialoga y que tienen malas formas persiguiendo a los padres”. En este sentido, la parlamentaria popular recordó que “los padres son los responsables directos de la educación de sus hijos” y agregó “que la política o los valores de cualquier partido no se deben impartir en un colegio”. La vicepresidenta del PP en la cámara andaluza puso una vez más de manifestó “la irresponsabilidad” de la consejera de Educación, Teresa Jímenez Vílchez, por “permitir la publicación en el BOJA de los nombres y apellidos de 81 niños cuyos padres se han posicionado como objetores”.
Con todo, Pelayo apuntó que aunque el Tribunal Supremo se pronuncie a favor de los padres, “el daño que se les está causando será irreparable”
El presidente provincial del PP, José Loaiza, también trasladó a los padres cuál había sido la postura de su partido hasta el momento: “Hemos pedido en el parlamento que se retire la asignatura, y si no, pues que al menos ésta se imparta de forma consensuada con los padres, o bien que se les permita la objeción”.
El objetivo de este encuentro, según señaló Guillermo Carrero Blanco no era más que intercambiar impresiones sobre “la lucha cívica” que las plataformas están desarrollando contra “la imposición”  de una asignatura “que vulnera los derechos fundamentales de los padres”. Los padres avalan sus argumentos con las cinco sentencias a su favor que hasta ahora ha emitido el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). 
A día de hoy, los padres de la provincia han presentado ya más de 1.600 objeciones de conciencia, para las que se han decretado 35 medidas cautelares. Además, se han presentado 81 recursos y esto sin contar las objeciones y recursos que se hayan presentando y de las que las plataformas no tienen constancia.
Las asociaciones de padres han aprovechado dicho encuentro para solicitar su apoyo al PP “y un mismo criterio respecto a la asignatura  en todas las comunidades autónomas y más concretamente en las que tienen responsabilidades de gobierno”.
Guillermo Carrero Blanco manifestó que las progenitores que integran las plataformas ha acogido “con agrado” la solicitud por parte del PP y “esperamos sigan el mismo ejemplo el resto de formaciones políticas andaluzas y tengan a bien demostrar el talante dialogante del que tanto presumen y del que tan poco hacen gala”.
Este padre objetor también tuvo palabras para la consejera de Educación, recriminándole “su obcecación obsesiva” al querer pagar con una funcionaria el error de publicar el nombre de los niños en el BOJA: “Nos parece cuanto menos extraño, además de aberrante, porque esos chavales están estigmatizados, con sus datos circulando libremente por Internet”.
Blanco recuerda que después de año y medio de lucha  contra la imposición de esta asignatura ninguna formación política hasta ahora, “había tenido a bien recibirnos, esperemos que a partir de ahora se animen las demás”.