El Gobierno de España contempla la posibilidad de implementar "en el horizonte temporal más inmediato" y a "escala nacional" de un mecanismo de selección de medicamentos como el que viene aplicando Andalucía desde el año 2012, y ello a partir de unas recomendaciones que ha planteado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).
Así se recoge en el Programa de Estabilidad 2019-2022 que el Gobierno central remitió el pasado martes a Bruselas, consultado por Europa Press, y donde se detalla que la Airef recibió el encargo de realizar una "revisión integral del gasto público que afecta al conjunto de las administraciones", y ha incluido ámbitos como el de los medicamentos dispensados a través de receta médica.
Así, "de acuerdo con la Airef, la racionalización del gasto en medicamentos dispensados en oficinas pasa por mejorar las iniciativas públicas sobre la oferta y la demanda de medicamentos", y "entre las posibilidades de ahorro señaladas destaca la revisión de la estructura de la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos y la generalización de una subasta a nivel nacional que permita que el sector público se beneficie de los descuentos que ahora reciben las farmacias", según detalla el Gobierno.
El sistema de selección de medicamentos --las conocidas como 'subastas' de fármacos-- se viene aplicando en Andalucía desde el año 2012, a partir del Decreto-Ley 3/2011, de 13 de diciembre, de medidas urgentes para la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
En virtud de dicho decreto, la Dirección Gerencia del SAS quedaba autorizada para realizar convocatorias públicas en las que podrían participar todos los laboratorios farmacéuticos interesados, para seleccionar, de entre los medicamentos comercializados que tengan un precio autorizado igual o inferior al precio menor correspondiente, establecido en el Sistema Nacional de Salud y vigente en el momento de la convocatoria, aquel que deberá ser dispensado por las oficinas de farmacia cuando se les presente una receta médica u orden de dispensación en las que el medicamento correspondiente se identifica exclusivamente por la denominación oficial de sus principios activos.
Desde la aprobación del referido Decreto Ley 3/2011, se han realizado 14 convocatorias, y un informe elaborado por Forest Partners, Estrada y Asociados, S.L.P cifra en más de 755 millones de euros el montante de los ahorros alcanzados con este sistema en el periodo 2012-2018, de los que 187 se lograron en 2018 a través de las aportaciones realizadas por los laboratorios farmacéuticos incluidos en el sistema de selección de medicamentos.
Además, el mismo informe, consultado por Europa Press, prevé que este sistema podría generar aportaciones para las arcas públicas de la comunidad autónoma que superasen los 1.013 millones de euros si se siguiese aplicando durante cuatro ejercicios más, desde el año 2019 al 2022.
En concreto, por años, el informe calcula un ahorro de 211,8 millones para 2019; de 236 millones para 2020; de 267,5 millones para 2021, y de 298,3 millones para 2022.
El pasado 20 de marzo, en un desayuno informativo organizado en Sevilla por la Cadena SER, la ministra de Hacienda y exconsejera andaluza del ramo y de Salud, María Jesús Montero, ya avanzó que la Airef iba a "recomendar" a través de un informe para toda España el sistema de selección pública de medicamentos que se aplica en Andalucía, y en esa línea criticó la intención del Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) de acabar con dicho modelo de 'subastas' pese al ahorro que supone, según defendió.
MÁS RECOMENDACIONES DE LA AIREF
Por lo demás, según se recoge en el Programa de Estabilidad del Gobierno, desde el punto de vista de la demanda, la Airef "recomienda la incorporación de las mejores prácticas a los actuales protocolos de tutela y control de la prescripción al observar que redundaría en un ahorro para las comunidades autónomas".
En concreto, desde la Airef se han lanzado "hasta 19 recomendaciones" de las que el Gobierno cree que podrían "implementarse en el horizonte temporal más inmediato" una serie de ellas como "la implementación de un mecanismo de selección de medicamentos a escala nacional".
El Gobierno también menciona como recomendaciones podrían implantarse "en el horizonte temporal más inmediato" otras como "la implantación de una nueva definición del sistema de precios de referencia", así como de "protocolos de revisión y seguimiento farmacoterapéutico de las prescripciones realizadas".
Asimismo, "la implantación de sistemas de control periódico para mitigar desviaciones relevantes en el consumo de medicamentos sobre el gasto público de medicamentos en farmacias", y "la modificación de las medidas de recortes de precios transversales introducidas con el RD 8/2010, eliminación de la deducción del 15% a los medicamentos innovadores y elevación de la deducción del 7,5% a los medicamentos sin patente con más de 10 años de comercialización en España".
Según el Gobierno, "la aplicación de estas medidas generaría un ahorro sustancial en el periodo 2019-2022, suavizando la evolución de esta rúbrica de gasto".
PRESCRIPCIÓN POR PRINCIPIO ACTIVO
En su Programa de Estabilidad, y en lo relativo al gasto farmacéutico, el Gobierno enumera una serie de medidas que se han desarrollado desde junio de 2018 y que se contemplan "implementar hasta 2021", como "la revisión del sistema de aportación de los usuarios en la prestación farmacéutica ambulatoria; el desarrollo de medidas para promover la competencia en el sector farmacéutico como elemento clave de la eficiencia" y "el fomento de los medicamentos reguladores del mercado como son los medicamentos biosimilares y genéricos a través de un plan específico".
También, "la medición de resultados en salud del beneficio clínico de los medicamentos en la práctica clínica en el SNS (Valtermed); el desarrollo de modelos de financiación de medicamentos basados en el pago por resultados en salud; la introducción de método en la evaluación farmacoeconómica de los medicamentos, así como su inclusión en los Informes de Posicionamiento Terapéuticos" y "la prescripción por principio activo".
Asimismo, "la modificación del sistema de precios de referencia" y "la realización de revisiones de oficio de los precios de los medicamentos de dispensación en oficinas de farmacia para el tratamiento de patologías crónicas que tienen un alto impacto en el SNS", además del "aumento de la transparencia en la información en materia de gasto farmacéutico" y "la puesta en marcha de la Plataforma de Compras Centralizadas que contribuirá a la mejora de las estrategias conjuntas de aprovisionamiento".