Los juzgados se ponen de parte de los padres sin plaza escolar

La mayoría de padres jerezanos ya pueden respirar tranquilos tras haber recurrido a la vía judicial. Y es que, aunque el curso haya comenzado y sus hijos se quedaran sin plaza en el colegio deseado, los juzgados de Cádiz ya están otorgando -en la mayoría de casos- las medidas cautelares de admisión provisional del alumno en el colegio solicitado. De este modo lo explica el abogado especializado en temas educativos Manuel Luis Fernández, quien añade que “hay cuatro juzgados en Cádiz y tres de ellos suelen otorgar las medidas cautelares sin solicitarle opinión al colegio. El juzgado más reacio están siendo el número 3, que suele hacer recaer su decisión en lo que diga el centro educativo, que es el que finalmente dictamina si quiere o no aceptar al niño. Asimismo, también se están otorgando las medidas cautelares por reunificación de hermanos”.
Este hecho está provocando que colegios como La Salle-Buen Pastor -que incluso ha solicitado administrativamente el aumento de la ratio- se encuentren con más niños en clase, aunque este hecho es “algo excepcional”, fruto de los muchos niños que este año se quedaron sin plaza para Infantil de 3 años, según aclara el letrado.
Aún así, “la proporción está siendo normal o muy parecida a la del año pasado en otros centros como, por ejemplo, la Compañía de María, que no está teniendo tantas solicitudes de este tipo. En cambio, El Cuco sí está contando con más problemas derivados de las denuncias por fraude, pero tampoco tiene un número muy elevado de peticiones”. Por otro lado, “todos los padres que reclamaron en Los Marianistas entraron, por lo cual si alguno están pidiendo medidas cautelares es después de que Educación le retirase los puntos de la escolarización”. El jurista añade que incluso hay centros que, si el juzgado les consulta, se niegan a aumentar el número de alumnos por clase.
Actualmente, Manuel Luis Fernández trabaja en más de 30 casos de jerezanos que han solicitado medidas cautelares para que sus hijos puedan ser escolarizados en el centro deseado mientras que la sentencia no sea firme. Normalmente, a la hora de solicitar las medidas, este abogado alega la jurisprudencia de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), principalmente, el derecho de los padres a la libre elección de centros según sus convicciones religiosas, pero también hay otras cuestiones que hay que tener en cuenta como el puesto en el que alumno se encuentre en la lista de no admitidos, si se ha denunciado fraude y a cuántas personas, o si los colegios son partidarios de aumentar la ratio.

Las reclamaciones por notas finales son “anecdóticas”
La Consejería de Educación considera que “las reclamaciones por la revisión de las notas finales son anecdóticas en Andalucía, pero constituyen una garantía para los estudiantes. En concreto, el pasado curso se presentaron menos de 500 reclamaciones, un cifra insignificante tendiendo en cuenta los millones de exámenes que se desarrollan cada año en los centros educativos andaluces. Del total de las reclamaciones, fueron desestimadas un 90%”.
La Consejería de Educación garantiza el derecho del alumnado de revisar las calificaciones finales en un proceso reglado vigente desde el año 1999. Esta norma, que garantiza la defensa de los alumnos, establece una doble instancia.
En el caso de los alumnos de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Postobligatoria, el procedimiento recoge la posibilidad de un primer escrito ante el centro donde está matriculado el estudiante, y que resuelve el Departamento de la materia reclamada. En segunda instancia, el alumno puede presentar su reclamación ante la Delegación de Educación provincial, quien previo informe de una Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones (integrada por un inspector de Educación y por profesores especialistas ajenos al centro) resolverá agotando la vía administrativa. Por su parte en Educación Infantil y Primaria se recoge un procedimiento similar, salvo que en primera instancia es el tutor quien resuelve y en segunda instancia es el director del centro donde se ha presentado la reclamación.