En 2004 trabajaban en la construcción de la planta de ciclo combinado de Iberdrola unos 1.200 profesionales, en su mayoría de Arcos y de localidades cercanas, en vísperas de la inauguración de la industria. La compañía anunciaba entonces que el funcionamiento de la central se llevaría a cabo con unos cien trabajadores fijos en los diferentes sectores. Iberdrola no paraba de firmar contratos con empresas locales y foráneas para determinados servicios, contratos valorados en más de 100 millones de euros. CCM, la local Manzanobras, las sevillanas Abener e Inabensa (del grupo Abengoa), la cordobesa ABB... son algunos ejemplos. Aquel año -quién lo diría ahora- se hablaba de “una creciente demanda de electricidad en España - el 41 por ciento más que entre los años 1998 y 2003-”. La central arcense producía “un fuerte aumento de la actividad empresarial y de la demanda de bienes y servicios tanto en Arcos como en la provincia”.
Pese a las excelentes expectativas de la empresa en 2004, su pugna con el Ayuntamiento de Arcos, y en este caso con los partidos contrarios a la térmica aupados en el poder, llevó al equipo de Gobierno PSOE-IU a promover la declaración de lesividad sobre las licencias otorgadas a la instalación de la térmica. El Ayuntamiento iniciaba así un proceso judicial contra la central atendiendo a las presuntas irregularidades que se dieron durante el anterior mandato municipal en la concesión de licencias, con la posible ejecución de la obra de construcción en terrenos rústicos.
Esta fue en su día una de las conclusiones alcanzadas por la comisión de estudio de la central, integrada por el Ayuntamiento, partidos políticos y colectivos como la Plataforma Ciudadana No a las Térmicas. Ya entonces se comenzaba a hablar de “la gran mentira electoral del PSOE e IU”, a los que el PP sobre todo acusaba de haber inaugurado en su mandato la central pese a haberse opuesto tajantemente estando en la oposición.
La construcción de la térmica pudo jugar un papel determinante en el cambio de gobierno de 2003, sobre todo cuando un sector de la sociedad comenzaba a alertar de posibles riesgos medioambientales. Su funcionamiento pudo ser el detonante de la posterior ruptura del pacto de gobierno entre socialistas e IU.
