Tres representantes de empresas constructoras y promotoras están acusados por, supuestamente, estafar y apropiarse de dinero entregado por compradores de pisos de promociones proyectadas en varias localidades malagueñas.
La Fiscalía y las dos acusaciones particulares, en representación de los perjudicados, piden penas de cárcel y multa para los tres procesados, así como que indemnicen a las víctimas con las cantidades entregadas.
Se trata de las promociones Villas Rurales de Fuente de Piedra (Málaga), fase una y dos; y la Perla del Mirador, en Benalmádena, comenzando los contratos de compraventa a realizarse a partir de 2002. Dos de los acusados, los hermanos Enrique y Leopoldo F.S., eran los responsables de las entidades que iban a llevar a cabo las construcciones; mientras que el tercero era el administrador único de una empresa intermediadora encargada de la comercialización de las viviendas, incluso a nivel internacional.
La Fiscalía acusa a los tres procesados por un delito continuado de apropiación indebida, solicitando para cada uno cinco años de cárcel y multa de 10.800 euros. Las dos acusaciones particulares, que representan a 13 y a unos 45 perjudicados, respectivamente, --muchos de ellos extranjeros-- acusan por el mismo delito, pero, además, por el de estafa.
En el caso de la parte que representa a un mayor número de víctimas, la letrada achaca a los acusados más hechos supuestamente delictivos y acusa al principal procesado, Enrique F.S., por dos delitos de estafa y otros dos de apropiación indebida, solicitando ocho años de cárcel y 280.000 euros de multa por cada uno de ellos. A su hermano le acusa de dos delitos de apropiación indebida y al tercero de un solo delito, solicitando para ellos la misma pena de prisión y multa por cada delito.
En lo que respecta a la primera fase de la promoción Villas Rurales de Fuente de Piedra, las viviendas fueron construidas, pero con retraso; mientras que la segunda fase no se edificó por problemas en el terreno al aparecer restos arqueológicos, lo mismo que ocurrió con la de Benalmádena.
Una de las acusaciones precisa en su escrito de conclusiones iniciales, a las que ha tenido acceso Europa Press, los compradores adelantaron distintas cantidades de dinero y explica las circunstancias concretas que se dieron en cada uno de los casos, que llevó a los perjudicados a presentar denuncia por estos hechos.
Asimismo, señala que en la primera promoción "ninguna de las víctimas" que representa "solicitó modificación alguna sobre las viviendas o su naturaleza, únicamente esperaban lo que la publicidad les anunció: piscina privada, spa, calefacción y una vivienda legal"; pero "no un habitáculo comercializado de renta libre proyectado como vivienda de protección oficial". En las otras urbanizaciones, esta acusación recuerda que no se llegaron a construir los pisos.
El ministerio fiscal solicita que los acusados paguen en total más de 665.000 euros para indemnizar a 22 personas que considera perjudicadas. La acusación particular que representa a 45 víctimas pide que se pague a éstas el dinero entregado, haciendo un global de 1,7 millones de euros, cantidad de la que considera que deben responder los procesados pero en distinto grado; mientras que la parte que representa a 13 personas solicita que los procesados paguen 239.200 euros de indemnización total.
