Un nuevo plan estatal, aprobado en el Consejo de Ministros, fortalecerá la atención directa a las personas en riesgo de exclusión social a consecuencia de la crisis, aumentará la inversión para su formación e incluirá criterios sociales en la contratación pública.

La iniciativa “refuerza” las medidas ya contenidas en el Plan de Inclusión Social (2008-2012), que sigue vigente, dijo la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez.

Los beneficiarios del Plan Extraordinario de Fomento de la Inclusión Social y la Lucha contra la Pobreza 2010 serán aquellos que han sufrido con mayor virulencia los efectos de la actual situación económica.

Así, se crea un fondo de 30 millones de euros para las políticas de inclusión social a través de las ONG, al que se suman 300 millones del Fondo local de Empleo y 205 millones procedentes de la recaudación del 0,7% del IRPF para fines sociales, 14 millones más que en 2009.

El plan incluirá, además, criterios sociales en la contratación pública para dar preferencia en los procesos de licitación a las empresas que tengan en sus plantillas más de un dos por 100 de trabajadores con discapacidad.