Las principales organizaciones patronales del juego han denunciado la creciente competencia desleal que sufren desde internet, a pesar de que el juego on line en España es -han dicho- “ilegal”, y han criticado la “pasividad” de las administraciones que tienen la competencia de regular y de controlar esta actividad.

Advierten de que ninguna de las operadoras que ofrecen juegos o apuestas por internet está radicada en España, que no cuentan con un sólo trabajador aquí y que no pagan ningún impuesto a pesar de que facturan unos 600 millones de euros anuales.

Los responsables de esas organizaciones fijaron así su posición respecto al anteproyecto de la Ley del Juego que el Consejo de Ministros vio el pasado viernes. Dicho texto pretende regular todas las modalidades de juegos de azar y prevé la creación de un nuevo impuesto, que será diferente para cada tipo de juego y recaerá sobre los operadores.

Eduardo Arjona, vicepresidente de la Confederación Española de Empresarios del Juego (COFAR), ha subrayado que todas las empresas privadas del sector que operan en España pagan ya impuestos y ha recordado que hace tres años este sector facturó unos 6.000 millones de euros y pagó unos 2.000 en impuestos.