Lucas Carrasco está plenamente convencido de que las leyes no se hacen “para fastidiar, sino para mejorar” cuestiones concretas. Pero también tiene claro que “hay leyes que funcionan y otras que no”. En el caso de la que afecta a la vivienda, que entró en vigor el pasado mes de mayo, los resultados son preocupantes para el sector que representa Carrasco como presidente de la Asociación de Gestores Inmobiliarios de Cádiz.
Esgrime los resultados de una encuesta llevada a cabo a nivel nacional por la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), cuyos resultados, difundidos en nota de prensa esta semana, concluyen que se ha observado una disminución del 26,7% en la oferta de alquiler de viviendas habituales en la provincia y, lo que más preocupa, es que “la tendencia no cambiará en los próximos meses”.
El futuro Gobierno de “reconsiderar su enfoque y buscar soluciones concretas y a largo plazo”, apunta el portavoz de GICA, que ha asumido recientemente el cargo, porque “en lugar de facilitar el acceso a la vivienda, una necesidad social acuciante, especialmente para los más jóvenes”, se ha puesto cada vez más difícil.
Según Carrasco, todo se debe a la situación de inseguridad jurídica en la que han quedado los arrendadores, frente a los arrendatarios. “El desahucio se complica en caso de impago”, advierte, “si los ocupantes de los inmuebles son declarados en riesgo de vulnerabilidad, de acuerdo a un umbral de renta por debajo de los 2.000 euros”.
La primera consecuencia es que un 16,03% ha trasladado sus viviendas al mercado del alquiler temporal, mientras que un 14,14% las retiró del mercado tras el vencimiento de los contratos en vigor, apunta la encuesta.
Entre quienes las mantienen en el mercado, optan por subir los precios de la renta en el 13,2% de los casos. En general, se ha registrado un aumento del 10% de los precios en los últimos doce meses en Cádiz, ocho décimas más que la media nacional.
Carrasco remarca que, igualmente, “a las inmobiliarias se nos exigen perfiles muchos más solventes”. Para entendernos, agrega, “un joven que trabaja en la hostelería no lo tendrá fácil”. Los funcionarios lo tienen mucho más fácil. Así que no solo se endurecen las garantías exigibles a los potenciales arrendatarios, sino que se opta por la rotación con alquiler de temporada.
Todo ello está afectando al sector. Las agencias inmobiliarias en Cádiz también han experimentado un impacto en sus operaciones, destacan GICA y FAI. Las operaciones de gestión de alquiler han disminuido en un 25,21% desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda. Además, un porcentaje significativo de agencias ha sufrido una caída en su cartera de inventario de alquiler, con un 41,17% reportando esta situación. Algunas agencias (29,64%) incluso han tenido que renunciar al negocio de alquiler, recoge la nota de prensa remitida. Carrasco recuerda, además, que la normativa prohíbe el pago a las inmobiliarias por parte de los inquilinos. “Las agencias inmobiliarias no somos el problema, somos la solución a este problema social”, sostiene. “Desempeñan un papel fundamental al conectar a propietarios y arrendatarios, facilitando transacciones justas y proporcionando servicios profesionales que ayudan a garantizar acuerdos seguros y equitativos para ambas partes”, argumenta.
Finalmente, concluye que los problemas de acceso a la vivienda se deben al envejecimiento del parque o la dificultad urbanística para construir que encuentran actualmente cualquier promotor.
