El nombramiento de Juan Carlos Ruiz Boix como presidente de la Diputación de Cádiz el 1 de julio de 2022 trajo aparejado ajustes en los cargos eventuales dependientes del Gobierno provincial pero también en el grupo socialista.
Concretamente, dos empleados fueron despedidos en septiembre de ese año, pero percibieron finiquito, última nómina e indemnización por doce días por año trabajado con la firma no conforme, dado que consideraban que se trataba de un fin de contrato y, por lo tanto, se vulneraban sus derechos laborales.
Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo, los afectados recurrieron al Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (Cemac) de Cádiz en noviembre de 2022, pero no hubo representación socialista. Tampoco se presentó nadie del PSOE en julio de 2023 en el juzgado, que falla a favor de los denunciantes declarando nulo el despido y, por tanto, solicita al grupo de Diputación la reincorporación, reconoce los trienios y condena a costas. Uno de los ex empleados, lamenta que, para entonces, había mostrado “buena fe” e intención de negociar hasta en cuatro ocasiones “para no ocasionar perjuicios a los compañeros”.
Todo fue en vano. De hecho, a finales del año pasado tuvo que solicitar la ejecución de sentencia y solo entonces, en la vista celebrada a mediados de enero de 2024, la dirección socialista dio la cara. El juez, no obstante, rechazó todas las alegaciones.
Tras la renuncia de Ruiz Boix como portavoz en febrero, los afectados solicitaron un embargo el embargo de bienes para hacer frente al pago de 150.000 euros ordenados por el juzgado. Solo entonces, la nueva portavoz del grupo y secretaria de Organización de la formación en Cádiz, Ana Carrera, planteó la posibilidad de afrontar la deuda por medio de un calendario de pagos que, “por el momento se está cumpliendo”.
Fue aceptado para evitar “merma en los recursos del partido”, apunta el ex empleado, pero considera que “deberían hacer frente” a este problema “quienes han permitido semejante atropello”.
